400 de las 1.000 grandes fortunas que investiga Hacienda viven en Madrid
El 40% de las 1.000 grandes fortunas que investiga Hacienda con cuentas opacas en la filial suiza del banco HSBC residen en la Comunidad de Madrid, según ha podido saber CincoDías de fuentes cercanas al proceso. La hacienda autonómica ya ha enviado a estos contribuyentes requerimientos para que regularicen su situación fiscal, que afecta al impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
Cataluña, con un centenar largo de casos, es la segunda comunidad con más contribuyentes incluidos en la lista que el Gobierno español obtuvo a través de las autoridades francesas. Por su parte, Baleares está investigando a unos 20 contribuyentes y Asturias a otros cuatro.
En total, son 1.000 las grandes fortunas que en las últimas semanas han recibido una carta de la Agencia Tributaria y que podrían tener hasta 8.000 millones en 3.000 cuentas secretas. En el requerimiento, Hacienda reclama que los contribuyentes demuestren que han tributado por los fondos que tienen en Suiza o que regularicen su situación.
El próximo jueves prescribe cualquier irregularidad cometida en las campañas de la renta y de patrimonio de 2005. Es por ello que la Hacienda central y la autonómica han remitido en las últimas semanas los requerimientos. El envío de esta notificación suspende automáticamente el plazo de prescripción. Si los contribuyentes no saldan sus posibles deudas con Hacienda, la Agencia Tributaria iniciará una investigación que podría derivar en la apertura de un proceso penal. Cuando un fraude supera los 120.000 euros se considera delito fiscal, que se castiga con penas de cárcel de hasta cuatro años de cárcel. Que serán cinco cuando entre en vigor dentro de seis meses la reforma del Código Penal.
Patrimonio
Hasta 2008 todos los contribuyentes con bases imponibles superiores a los 108.182 euros o con bienes y derechos que excedieran los 601.000 euros debían tributar por el impuesto del patrimonio. Un millón de personas pagaban este tributo que el Gobierno eliminó en 2008.