ACS e Iberdrola se verán las caras en los juzgados el 7 de julio
La disputa entre ACS e Iberdrola , que han presentado sendas demandas de impugnación de los acuerdos de la junta de la eléctrica y de las cuentas de la constructora, llegará a los tribunales el próximo mes, cuando tendrán lugar los dos primeros asaltos: el 7 de julio en Bilbao y el 12 en Madrid.
Fuentes jurídicas confirmaron hoy que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital vizcaína celebrará el 7 de julio a primera hora la vista oral en la que el juez deberá resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por ACS, que impugnó la Junta General de Iberdrola del 26 de marzo.
Las dos cotizadas también se enfrentarán en los tribunales la semana siguiente, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid tiene previsto estudiar las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola en su demanda de impugnación de las cuentas de ACS.
La batalla judicial entre la eléctrica y la constructora -que posee el 12% de Iberdrola- comenzó el 26 mayo, cuando Iberdrola pidió que se anulasen los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas de ACS por incluir "numerosas infracciones de la normativa vigente" y no mostrar la "imagen fiel" de su situación financiera, su patrimonio y sus resultados.
En concreto, solicita que se anulen la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión, la aplicación de los resultados y la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.
En la demanda de juicio ordinario, la eléctrica esgrime que el año pasado ACS tuvo unas pérdidas brutas de 405 millones de euros (sin contar la venta de Unión Fenosa) en lugar del beneficio de 988 millones que declaró la constructora.
También indica que el resultado antes de impuestos de las actividades de ACS habría sido de signo negativo si se hubiera contabilizado correctamente el impacto del deterioro del valor de las inversiones en participadas.
Como medida cautelar, Iberdrola ha solicitado que su demanda de impugnación se anote de forma preventiva en el Registro Mercantil de Madrid, "tanto en el libro de depósito de cuentas anuales como en la hoja abierta a ACS", junto a la información de las cuentas aprobadas en la indicada Junta General, que tuvo lugar el 15 de abril.
Al conocer las acusaciones de la eléctrica, ACS señaló que "están tranquilos" y que sus cuentas "han sido auditadas con plena conformidad del auditor".
El grupo presidido por Florentino Pérez, por medio de su filial Residencial Monte Carmelo, presentó el pasado 8 de junio una demanda de juicio ordinario en la que impugna los acuerdos de la Junta General de Iberdrola del 26 de marzo, y que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao.
La Junta de Iberdrola negó la entrada de un representante de la constructora en su Consejo de Administración porque consideró que existía un conflicto de intereses entre ambas empresas, algo que ACS niega.
En el decreto de 11 de junio dictado por la secretaria judicial Begoña Vesga, se declara que el juzgado bilbaíno "tiene jurisdicción y competencia objetiva" para tramitar el caso.
La resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por ACS se dictará tras la vista oral, que tendrá lugar el próximo 7 de julio.
Iberdrola respondió que la Junta había actuado conforme a la legalidad vigente y que la propia constructora reconoció durante ese acto que existe un conflicto de competencia "evidente y nítido", ya que ACS rivaliza "intensamente" con ella en diversas áreas estratégicas, especialmente en la producción de energía.
Por el contrario, ACS sostiene que su actividad energética representa sólo el 1,2% de la facturación.