La presión condiciona las negociaciones
Es muy difícil avanzar lo que está pasando con las energías renovables en los despachos del Ministerio de Industria. A marchas forzadas, con el reloj corriendo, las asociaciones, empresas, grupos de interés acuden al edificio del Paseo de la Castellana, en Madrid, con la esperanza de ver cumplidas sus expectativas en la redacción de la nueva normativa para estas tecnologías limpias o al menos, que sus inversiones sufran lo menos posible. No es fácil y el ministerio cada vez tiene más interesados que quieren hacer oír su voz en la negociación. Hay mucho dinero en juego.
Nadie puede negar que se han cometido errores. La planificación para la energía solar fotovoltaica se ha superado con creces y la tarifa eléctrica no puede pagar la retribución de ese 800% más de potencia instalada que finalmente hay. Hay 3.600 megavatios (MW) instalados cuando se preveían sólo 400 MW para 2010. El momento era bueno, las instalaciones eran relativamente sencillas y asequibles y multitud de promotores se lanzaron a un negocio seguro, garantizado por una prima estatal. Pero ahora ya no se puede hacer frente a esos pagos, que ascienden a cerca de 4.000 millones anuales para todas las renovables y más de 2.500 millones para la fotovoltaica. Esta situación arrastra a la eólica, más avanzada, y a la energía solar termoeléctrica, emergente de la que se empezó a temer una explosión de instalaciones del tipo de su hermana fotovoltaica.
Además, un gran crecimiento de las renovables quita sitio a las demás tecnologías, como el gas o el petróleo, con lo que las grandes eléctricas no han dejado de manifestar su opinión contraria a las fuentes renovables o al menos a la solar. El último, el presidente de Endesa, Borja Prado, que calificó de "lujo inabordable" la política de incentivos a las renovables y las acusó de provocar el encarecimiento de la factura de la luz.
La primera opción, que empezó a correr de boca en boca por todos los sectores hace un par de meses, fue la de aplicar un ajuste a la baja de la retribución concedida a las instalaciones de todas las energías renovables en marcha, la tan temida retroactividad. Esta posibilidad causó pánico y el ministerio se apresuró a desmentir que se fuera a quitar dinero ya cobrado a los promotores.
Sin embargo, siempre se han aferrado a la idea de que la normativa les permite una cierta retroactividad impropia, es decir, un ajuste de la retribución prometida a 25 años, cosa aceptada por todos siempre y cuando se garantice la rentabilidad razonable que asegura la Ley del Sector Eléctrico y se habilite un periodo transitorio para ajustarse a estos cambios.
Pero la energía solar fotovoltaica se ha encontrado con una propuesta sobre la mesa que es "la muerte del sector", según las asociaciones. Sin periodo transitorio ni rentabilidad razonable, afirman. Un recorte retroactivo que no sólo ha ofendido a las patronales de esta tecnología sino que ha puesto aún más en pie de guerra a la banca, a los fondos internacionales, incluso a Bruselas.
Y ahora, no sólo presionan las grandes eléctricas, las empresas fuertes españolas, los sectores de referencia. Ahora han entrado en juego los grandes del mundo y en los corrillos se habla de llamadas telefónicas del Gobierno de EE UU, de la embajada americana, de fondos ingleses y canadienses. No sólo Industria recibe peticiones sino también la propia presidencia del Gobierno, que parece en contra de la retroactividad. Ni siquiera la directiva del PSOE ve con buenos ojos que se puedan plantear medidas para la estabilización del sector que incluyan esta medida.
Ayer, el ritmo negociador bajo el tono, hubo una pequeña paralización. Reuniones esperadas no se celebraron y no se remataron los hilos sueltos en tecnologías como la eólica y la termosolar, que parecen mucho más cerca de cerrar un acuerdo para la nueva normativa que la fotovoltaica.
Es muy difícil avanzar si esta tarde de pausa era una jornada de reflexión o la preparación de un nuevo diseño. No hay modo de saber si el ministro está solo en su propuesta para las renovables o en realidad hay más respaldo detrás de sus iniciativas. Pero la presión es muy fuerte y muy pública y el reloj corre en contra de todos.