"El contrato único está fuera de la negociación de la reforma laboral"

El titular de Trabajo descarta que haya líneas rojas para negociar en el Congreso modificaciones en la reforma laboral, pero avisa que el texto no se va a "desnaturalizar" con conceptos no incluidos como la fijación de un contrato único o el cambio de indemnizaciones por despido.

La crisis no se ha traducido en una explosión social en la calle por la red de protección por desempleo que tenemos, reconoce el ministro de Trabajo. Celestino Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949) es partidario, sin embargo, de retocar esta cobertura "una vez acabe la crisis". En su opinión, resulta prioritario relacionar las políticas activas de empleo, que manejan las comunidades autónomas, con las pasivas, que dependen del Estado. Algo que, no obstante, ha dejado fuera de la reforma laboral que el Congreso empieza a tramitar ahora.

¿Qué líneas rojas marca el Gobierno en el trámite de la reforma?

El decreto ley es con el que se encuentra cómodo el Gobierno. Sabemos que será modificado, pero no puede haber una desnaturalización de los elementos centrales. Se hablará de todo lo que quepa dentro del actual decreto ley.

¿De la cuantía de las indemnizaciones?

No. Eso es un elemento central. Las indemnizaciones son de 45, 33 y 20 días por año trabajado.

¿Y de introducir el contrato único con indemnización gradual?

No forma parte de la propuesta y no formará parte de la negociación de la reforma laboral.

¿Se acotarán las causas del despido a 20 días más allá de que incurrir en una situación económica negativa?

Es difícil tasar todas las casuísticas. Lo que no se puede hacer es una lista de 180.000 supuestos, pero seguro que lo vamos a mejorar. Partimos de la buena fe del empresario, no lo ponemos para que alguien haga un mal uso. Es él quién debe identificar las causas económicas y tendrá que razonarlo. Pero siempre será un juez quien lo deba interpretar.

Si sigue en manos del juez, ¿por qué cambiar la ley que había?

Se ha precisado más siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo.

¿Aceptaría un articulado que pidiera "seis meses de pérdidas"?

Nunca se barajó. Es una propuesta de la CEOE. Pero el Gobierno no tiene una posición radicalmente en contra.

El gobernador del Banco de España ha criticado que se penalice la temporalidad.

No penalizamos la indemnización en 2010 ni en 2011. Será gradual y a partir de 2012. Hemos sido prudentes, coincido con el gobernador en que con la situación de paro de estos momentos lo que importa son las entradas al mercado laboral. Acotamos el de obra y servicio pero hacemos más atractivo al empresario uno fijo, con más seguridad jurídica si se rompe.

¿Por qué se ha convertido el coste del despido en el elemento central de la reforma?

No hemos abaratado el despido. Es un modelo transitorio para que un empresario pueda tener una reducción del coste extintivo del contrato con un fondo que pagan todas las empresas. Que el 80% de los despidos hayan sido disciplinarios durante la crisis es una anomalía. ¿Qué más ha de pasar en este país económicamente como para que se despida de otra forma? Hay una cultura perversa de la facilidad de despedir, aunque con un coste alto. Empresarios y trabajadores deberían acostumbrarse a negociar elementos de la adaptabilidad para evitar el despido.

¿Falta flexibilidad?

Sí. Que no quiere decir pasar por encima de los derechos de los trabajadores. No es precariedad.

¿Qué aporta la reforma al descuelgue salarial?

La reforma es respetuosa con la negociación colectiva. No es fácil resolver este tema jurídicamente. Pero no puede ser que una empresa no pueda modificar elementos internos, porque puede ser su muerte. Tampoco podemos dar poder absoluto al empresario. Tienen que concurrir circunstancias objetivas y debe haber negociación. Pero al final si no hay acuerdo alguien tiene que decidir. Lo remitimos de esta forma a un arbitraje voluntario.

¿Qué espera que aporte el PP en la tramitación?

Conocer sus propuestas, hasta ahora sólo he visto anuncios publicitarios y generalidades. No concretan.

¿Hay más cercanía con CiU?

Su primera posición fue muy crítica. Pero su abstención en la convalidación, como la de PNV y Coalición Canaria, es con voluntad de mejorar la norma.

¿Deberían los sindicatos anular la huelga si el Congreso pacta la reforma?

No les diré qué hacer. Respeto su derecho a huelga, aunque esta reforma no la merece. Ojalá que en septiembre los cambios en la reforma laboral y una mejora de la crisis la eviten.

"No veomayoría en el Congreso para elevar la edad de jubilación a 67 años"

Corbacho se refiere también a la propuesta de reforma del sistema de pensiones públicas que el Gobierno envió a comienzos de año a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y en cuyas propuestas figura elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. "Ahora ellos los diputados tienen que hacer su trabajo y lo mejor es llegar al máximo consenso. Mi impresión es que no veo mayoría ni predisposición en el Congreso para elevar la edad de jubilación a 67 años, de la noche a la mañana", indica. No obstante, lo principal, según el ministro es llegar a "fórmulas generales en las que el mayor número de personas estén activas el máximo tiempo posible en el mercado de trabajo; se puede conseguir también evitando prejubilaciones de empresas en beneficios o aproximando la edad efectiva de jubilación a la edad legal".Entre los asuntos que "deben debatirse" también, a su juicio, está elevar el número de años que se utiliza para calcular la pensión, aunque ello debería realizarse "progresivamente". "Puede que haya gente que salga perjudicada, pero también es cierto que una persona con más de 55 años que se quede en paro ahora verá mermada su pensión hasta quedarse cerca de una prestación mínima, lo que es una injusticia", dice. En la reforma también "tendrían que incorporarse cambios graduales en la regulación de las pensiones de viudedad".Corbacho espera que "en dos o tres meses" la Comisión del Pacto de Toledo tenga un texto con recomendaciones para que sea tramitado. "Algunas serán medidas a aprobar de inmediato y otras no". El ministro descarta la urgencia dado que no hay desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, pero se debe abordar el problema "para evitar males mayores en 20 años, cuando haya menos cotizantes y cuatro millones más de pensionistas". "Con un desequilibrio sólo quedarían dos opciones, bajar las pensiones o elevar impuestos, y esto es lo que hay que evitar".