Zapatero busca ganar tiempo con un amplio acuerdo parlamentario
El texto se tramitará como proyecto de ley por vía de urgencia.
Nadie, ni el Gobierno ni los partidos de la oposición, quieren apadrinar el abaratamiento del despido. Esta es una de las razones que ha obligado a José Luis Rodríguez Zapatero a ceder y a admitir, finalmente, que la reforma laboral que se aprobará mañana por el Consejo de Ministros y se someterá a votación en el Congreso el día 22, se tramite como proyecto de ley. Según fuentes socialistas, este paso tiene dos ventajas: en primer lugar, la posibilidad de conseguir un consenso parlamentario amplio que, a estas alturas, se presenta difícil. Y, en segundo lugar, intentar debilitar los argumentos que manejan Comisiones Obreras y UGT para la huelga general que ayer se anunció, sin fechas concretas, desde el frente sindical.
Si bien ayer comenzaron de manera formal las reuniones entre el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los grupos parlamentarios, desde hace una semana se vienen cruzando papeles a diferente nivel para medir cada uno sus posiciones. El propio presidente del Gobierno ha intercambiado con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, impresiones sobre la reforma, sin alcanzar un acuerdo. Ningún grupo de la oposición está interesado en estos momentos en mostrar sus cartas, de ahí que hayan exigido al Gobierno que sea quien asuma el coste de una reforma que, a todas luces, resultará impopular.
Vista la distancia que media entre unas posiciones y otras, con el PP en unas posiciones de ambigüedad que le sitúan fuera de juego, el Ejecutivo tenía dos opciones: o poner en peligro la convalidación del real decreto que se someterá a votación en el Congreso el martes, 22, o salvar este escollo y admitir que la norma se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá a los grupos presentar enmiendas y defender sus posiciones. En todo caso, el decreto entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE, sin esperar a la aprobación definitiva del proyecto de ley.
En esta cesión por parte del Gobierno no sólo ha influido la falta de apoyos parlamentarios, sino también el interés en debilitar los argumentos que los sindicatos han planteado para anunciar la convocatoria de la huelga general. Si bien el Ejecutivo marcará su posición por escrito en cuanto se publique el real decreto, siempre pesará su disposición a aceptar las propuestas de los partidos de la oposición y, por tanto, su decisión de huir de la sombra del decretazo que persiguió al Gobierno de José María Aznar en 2002 hasta acabar en una convocatoria exitosa de huelga general.
Esto no quiere decir, de momento, que el Gobierno esté dispuesto a admitir los planteamientos contra la reforma que están defendiendo los sindicatos y que serán canalizados en el Parlamento a través de Izquierda Unida y del resto de las formaciones integradas en el Grupo Mixto.
En la dirección del PSOE se opina que esta cesión del Gobierno a los grupos políticos no será interpretada por los mercados en clave de debilidad. La propia Comisión Europea ha hecho saber que el consenso político sería uno de los logros más valorados de esta reforma laboral.
El Congreso permitiría una aprobación rápida
En la intención del Gobierno no está aprobar de forma definitiva esta reforma hasta el otoño, pues cuenta con que el real decreto que saldrá mañana del Consejo de Ministros y se convalidará, previsiblemente, en el Congreso el día 22, entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero si hubiera voluntad política por parte de los principales partidos, sería posible tener lista la reforma definitiva para finales de julio. El Reglamento del Congreso, teóricamente, lo permite.La tramitación no encierra grandes secretos. Si el real decreto se convalida finalmente el día 22 por mayoría, se votará posteriormente su tramitación como proyecto de ley. Superado este paso, el proyecto seguirá la vía de urgencia, es decir se acortará a la mitad el trámite ordinario, sin que se admitan enmiendas de totalidad. La Mesa del martes 29 podría calificarlo y, posteriormente, se abriría el plazo de enmiendas parciales y se convocaría para su debate la ponencia y la comisión. Después llegaría el pleno y, tras su aprobación con todas las enmiendas incorporadas, el proyecto pasaría al Senado, que podría devolverlo a la Cámara Baja en un plazo de veinte días. Si hubiera voluntad política para acelerar la aprobación de la reforma, ésta podría estar lista para finales de julio.Sin embargo, el tiempo que han pedido CiU y PNV, sobre todo, para analizar el decreto y la voluntad de estos grupos de que sea el Gobierno el que se retrate y asuma el coste político de la reforma, obligará al Congreso a diluir mucho más los plazos en el tiempo, hasta alcanzar muy posiblemente el otoño.Hay, pues, grandes posibilidades de que el debate sobre la reforma se solape con la negociación parlamentaria de los Presupuestos estatales de 2011 y con el proyecto de ley de Economía Sostenible que sigue durmiendo el sueño de los justos.
