Industria bajará las primas a todas las renovables en funcionamiento

Todas las plantas del régimen especial en funcionamiento y las que lo estén antes del 1 de enero de 2012 serán retribuidas con una tarifa regulada, según la propuesta de Industria que ha de aprobar el Gobierno. Ello supone un recorte de las primas de 2.600 millones, que afectará sobre todo a la termosolar y fotovoltaica.

De un modo estrictamente confidencial, el Ministerio de Industria remitió a algunas empresas hace varias semanas su polémica propuesta de reforma del sistema de retribución de las instalaciones del régimen especial. Según los planteamientos del ministerio que dirige Miguel Sebastián, el sistema de retribución con primas será sustituido por una tarifa regulada, que, dado el bajo riesgo del negocio, proporcionará a las empresas una tasa de retorno de la inversión (TIR) de entre el 7% y el 8%.

El cambio, de aplicarse, supondrá un recorte de las primas de las que disfrutan estas plantas de unos 2.600 millones de euros. Esta rebaja afectará especialmente a la energía fotovoltaica (1.050 millones de euros) y a la termosolar (otros 1.080 millones). En menor medida se vería afectada la energía eólica, con un recorte de unos 470 millones.

La medida se traduciría en un ahorro de los costes de la tarifa eléctrica, que es la que financia dichas primas, y libraría al Gobierno de tener que proceder a una fuerte subida del recibo de la luz. De los costes totales de la tarifa de acceso (16.000 millones de euros) en 2009, casi 6.200 millones correspondieron a las primas, según datos de la CNE.

Además, pese a que la energía eólica cuenta con más de 17.000 MW de potencia instalada, frente a los 4.000 MW de la fotovoltaica, la mitad de las primas se las llevaron el año pasado esta última tecnología y la termosolar (2.570 millones y 22,5 millones, respectivamente).

Retroactividad

La propuesta disipa las dudas que han sembrado las empresas sobre una imposible retroactividad de la norma. Así, el recorte afectará a todas las instalaciones actualmente en funcionamiento y a las que lo estén antes del 1 de enero de 2012.

Las asociaciones de los distintos sectores de renovables consideran que una medida así tendría carácter retroactivo, si bien, el ministerio, con el aval de tres sentencias del Tribunal Supremo, opina que la retroactividad se produciría si las empresas tuvieran que devolver las primas cobradas. Se trata de un cambio en la retribución, como ya se ha hecho en varias ocasiones, eso sí, siempre en medio de una fuerte polémica.

El sistema de tarifa propuesto sería similar al que se aplica a los operadores de las grandes redes energéticas (Enagás y REE) para calcular su retribución. Esta se determina según la evolución del bono a 10 años. La Ley Eléctrica, tal como señalan las sentencias antes citadas, sí exige que a las actividades reguladas se les garantice una "rentabilidad razonable".

Sea como fuere, no hay ninguna seguridad de que la propuesta del Ministerio de Industria llegue, tal cual, al Consejo de Ministros, en el que Sebastián parece no contar con el apoyo del resto de departamentos económicos, indican fuentes próximas al Ejecutivo.

Por su parte, las empresas confían en que, tras el proceso de negociación con los distintos sectores, el titular de Industria "edulcore" estos recortes. Especialmente el de las empresas con más poder, como son las eólicas. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, advirtió la semana pasada que sólo hay margen para un recorte a futuro de las primas.

La tarifa eléctrica del segundo semestre depende de las primas

Al informe sobre las tarifas de acceso a las redes eléctricas que el Ministerio de Industria ha remitido a la CNE para su dictamen le falta precisión en los datos, tanto de costes (entre ellos, el de las primas de las renovables) como de ingresos, según algunos expertos. Todo indica que se trata de una propuesta de revisión tarifaria provisional, en la que falta por contabilizar dichas primas que se pagarán en la factura del segundo semestre y cuyo futuro se discute estos días.De momento, Industria ha remitido el informe al regulador, que es preceptivo pero no vinculante, y, al final, podrá cambiar la propuesta. El ministerio también está pendiente del resultado de la subasta Cesur, que se celebra el día 23 de junio, y que determinará el coste de la energía para los domésticos y, por tanto, la tarifa final. Además, se da la circunstancia de que el 1 de julio subirá el IVA de la electricidad.

Una decisión polémica a la que se le agota el tiempo

El 1 de julio entrarán en vigor varias medidas relevantes para el sector eléctrico. Ese día habrá nuevas tarifas de acceso a las redes y se aplicará la tarifa de último recurso (TUR) de los domésticos. Teniendo en cuenta que, entre los costes de la primera tarifa, están las primas de las renovables, el Gobierno debería tomar una decisión sobre su rebaja antes de esa fecha.Los cambios obligarán a modificar el último real decreto sobre el régimen especial, con lo que el borrador del nuevo decreto debería enviarse ya a la CNE para su dictamen. El tiempo se agota y sólo quedan dos reuniones del Consejo de Ministros para su aprobación. Otra medida prevista para el 1 de julio es la obligación que tendrán las grandes eléctricas de consumir carbón nacional en sus centrales térmicas.Todo ello viene marcado por los insistentes rumores de un cambio de Gobierno en julio que podría afectar a cargos de Industria.