ACS contraataca en la pelea con Galán al impugnar la junta de Iberdrola
El enfrentamiento entre ACS e Iberdrola por un puesto en el consejo de la eléctrica echa chispas. La constructora presentó ayer una demanda en un juzgado mercantil de Bilbao, en la que solicita la impugnación de la junta de accionistas de Iberdrola del 26 de marzo. Responde así a la estrategia judicial iniciada por Iberdrola hace dos semanas.
Las discrepancias entre Florentino Pérez, presidente de ACS, y Ignacio Sánchez Galán, primer ejecutivo de Iberdrola, sube de tono judicial. La compañía constructora y de servicios mostró ayer sus argumentos en el Decanato de Bilbao, para su reparto a uno de los dos Juzgados de lo Mercantil de la capital vizcaína, con el objetivo de contar con un puesto en el máximo órgano de gobierno de la eléctrica. ACS pretende demostrar que no existen conflictos de intereses que justifiquen su exclusión del consejo.
ACS, con el 12,5% del capital y con intenciones de llegar al 20% de Iberdrola, ha tenido, posiblemente, el representante más efímero que se ha sentado en el consejo de administración de la eléctrica. En la junta de marzo pasado, José María Loizaga, designado por ACS para defender sus intereses, fue nombrado consejero esgrimiendo su porcentaje de capital. En la misma asamblea, el 81,5% del accionariado, presente y representado, validó las tesis sostenidas por Galán de "conflicto de competencia" para aprobar su cese.
La constructora ha pasado de los gestos (anunció en la misma junta que impugnaría varios puntos aprobados) a los hechos con el propósito de recuperar su posición en el consejo. Tenía un año de plazo para presentar la impugnación, pero ayer desveló su estrategia. En la demanda, ha recurrido la autorización para cesar al representante de la constructora y, también, la referente a la reducción a 14 del número de miembros de su máximo órgano de gobierno.
La eléctrica recalca que la colisión de competencia es "permanente"
La batería de medidas de ACS en su pugna judicial con Iberdrola puede ampliarse. La firma presidida por Florentino Pérez ya ha advertido que puede emprender nuevas acciones ante la decisión de la eléctrica de impugnar sus cuentas. Esta medida, según su criterio, causa un "grave daño a su prestigio".
ârdagos en Madrid y Bilbao
Los órdagos de ambas compañías se librarán sobre la mesa de un juez de Madrid y de otro de Bilbao, donde ACS e Iberdrola, respectivamente, tienen sus sedes sociales. Florentino Pérez, que defiende la inexistencia de conflicto de interés, ya aseguró en la junta de ACS de abril que "defenderá hasta el final" sus derechos en Iberdrola. En su intervención, afirmó estar confiado en que los tribunales avalarán su entrada en el consejo de la eléctrica. "No hay nadie que entienda que un accionista de referencia de una empresa no este representado en su consejo de administración", sentenció.
La apuesta de ACS por Iberdrola tiene recorrido. Su máximo responsable ha señalado que "cuando se pueda y sin ningún socio extranjero" comprará un 7,4% adicional para llegar al 20%, lo que le permitirá consolidar su participación. Esta política la enmarca en su vocación de permanencia en el sector energético. Considera además que puede "contribuir, junto el resto de socios y accionistas al desarrollo empresarial y de creación de valor para la compañía".
Iberdrola inició, hace dos semanas, la primera jugada judicial al impugnar las cuentas de ACS al estimar que registró unas pérdidas brutas en sus actividades ordinarias (sin contar las plusvalías de Fenosa) de 405 millones, en lugar de los 988 millones declarados. La eléctrica reiteró ayer que hay un claro conflicto de competencia permanente "particularmente intensa en diversas áreas estratégicas de Iberdrola, extendiéndose, entre otras, a la producción de energía". En un comunicado solicitó que ACS "acredite que es accionista agrupado durante todo el tiempo que dure el proceso judicial" y que aglutine el número suficiente de títulos "en función del nuevo capital social de la empresa".
Clifford Chance y Uría Menéndez asesoran a las dos compañías
ACS e Iberdrola se apoyarán en dos prestigiosos despachos de abogados que sustenten sus argumentos. La eléctrica ha contratado al bufete Uría Menéndez para defender sus derechos en los tribunales y la constructora ha optado por los letrados de Clifford Chance. El grupo que preside Ignacio Galán ha vuelto a decantarse por los servicios de Uría Menéndez. La anterior ocasión fue en 2008 y cuando le representó como parte demandante, en los juzgados de lo mercantil de Bilbao (el caso cayó en el Número 2). Mario Fernández, actual presidente de la caja de ahorros BBK accionista de Iberdrola con el 7,2% y uno de los especialistas más prestigiosos de España en temas mercantiles, lideró entonces un proceso contra Electricité de France (EDF), defendida por Gómez-Acebo & Pombo. El asunto era una presunta alianza con ACS para desembarcar en Iberdrola a través de una opa hostil. El resultado en los tribunales vizcaínos fue favorable a Iberdrola y la multinacional francesa tuvo que manifestar por carta que no tenía interés alguno por realizar una operación sobre Iberdrola.