Hasta el mediodía

El Gobierno cifra en el 11,85% el seguimiento medio del paro en la Administración Central

La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, cifró hoy en el 11,85% el seguimiento de la huelga en la Administración General del Estado hasta el mediodía. Destacó que el Gobierno no "quiere entrar en una guerra de cifras" con los sindicatos , que cifran la participación de la huelga en el 75,3%.

En su tercera rueda de prensa a lo largo del día, Rumí destacó que en este porcentaje no se incluye al personal que está cubriendo los servicios mínimos. En este sentido, destacó que es la primera vez que el Gobierno excluye los servicios mínimos del cómputo total, dentro de la Administración General del Estado, y que lo ha hecho a petición sindical.

Entre los "incidentes menores" de la manifestación, Rumí lamentó el retraso de entre 30 y 60 minutos del Ave Madrid-Sevilla, a lo que restó trascendencia por "formar parte de los incidentes".

A primera hora de la mañana, la responsable de la Función Pública fijó en una media del 15,94% el seguimiento de la huelga durante el turno de noche, por lo que aseguró que los casi 2,5 millones empleados públicos llamados al paro lo han secundado en "menor medida" durante la mañana.

Seguimiento similar en educación y sanidad

Para ámbitos específicos como la educación y la sanidad, Rumí avanzó que el seguimiento es "bastante" similar, y rebajó el porcentaje en Correos y en instituciones penitenciarias hasta el mediodía: del 13,2% en la noche al 8,9% hasta las 13.00 horas y del 10% al 5,4%, respectivamente.

Las cifras facilitadas por el Gobierno se corresponden con el seguimiento de la huelga en todos los ministerios, los organismos públicos, la Agencia Tributaria, la Justicia y las instituciones penitenciarias.

Los sindicatos convocantes de la huelga en el sector público -CC.OO., UGT y CSI-CSIF- cifraron en el entorno del 70% la participación en el paro, cifra que consideraron un éxito, y aseguraron que la convocatoria va cumpliendo sus objetivos.

El paro, al que están llamados 2,5 millones de de empleados públicos, se ha interpretado desde muchos ámbitos como un ensayo de la huelga general que los sindicatos preparan por si el Gobierno decide finalmente aprobar una reforma laboral de forma unilateral que pudiera ser lesiva para los derechos de los trabajadores.