Los consejeros del aeropuerto de Ciudad Real piden no perder sus puestos
El consejo de administración del Aeropuerto Central de Ciudad Real recurrirá el auto del Juzgado que ha ordenado la suspensión de CR Aeropuertos en sus "facultades de administración y disposición sobre su patrimonio" y ha decretado un concurso necesario de acreedores por el impago de deudas.
Así lo aseguró ayer Marcelo Larrañaga, miembro del consejo de administración de CR Aeropuerto, que ha señalado que el equipo jurídico de esta sociedad ya ha recibido la orden de iniciar el trámite de los recursos.
Larrañaga ha explicado que CR Aeropuerto S.L. va a recurrir la declaración de concurso necesario de acreedores y, además, va a interponer un recurso de reposición sobre las facultades del consejo de administración.
El auto del magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero, revoca las facultades de la sociedad, algo con lo que no están de acuerdo. En este sentido, Larrañaga ha explicado que el aeropuerto es "un negocio muy especial" que tiene muchas dificultades de gestión y que no puede estar gestionado por tres administradores judiciales con "escasos conocimientos del negocio".
El consejo de administración del Aeropuerto Central de Ciudad Real considera que el magistrado-instructor "debe reconsiderar" su postura y aunque nombre a tres administradores judiciales para supervisar todas las decisiones del Consejo, este órgano debe mantener "las facultades de administración, aunque no sean las de disposición".
Larrañaga ha explicado que la deuda real del aeropuerto es de 302 millones de euros, de los que 210 millones los mantienen con entidades financieras y el resto son deudas con acreedores y proveedores de servicios.
necesita 360 millones
l Según explicó ayer el consejero de CR Aeropuertos, Marcelo Larrañaga, la compañía pretendía obtener financiación por 360 millones con la garantía hipotecaria de las instalaciones y los terrenos, y de un aval del Gobierno de Castilla-La Mancha por 140 millones.