Sólo un 11% de los clientes eléctricos cuenta con bono social
A finales del año pasado se encontraban acogidos al bono social eléctrico 3,043 millones de consumidores con derecho a la tarifa de último recurso (TUR). Por tanto, el descuento para sectores desfavorecidos que decidió aplicar el Ministerio de Industria desde el 1 de julio de 2009 sólo lo disfrutaba un 11,3% del total de los clientes domésticos.
Además, teniendo en cuenta que a un 87% de los que disfrutan del citado bono (los que tienen menos de 3 kW de potencia contratada) se lo aplicó de forma automática la distribuidora, sólo un 13% (unos 450.000) lo solicitaron expresamente. Se trata de los colectivos de pensionistas, parados y familias numerosas.
Según los datos proporcionados por la Comisión Nacional de la Energía, del total de clientes con este bono (que en el semestre analizado sólo supuso un descuento de 70 céntimos al mes), un 9% son pensionistas, el 2%, familias numerosas y el 0,5% a familias con todos sus miembros en paro.
El bono o tarifa social, que financian las comercializadoras de último recurso, costó a éstas en el segundo trimestre de 2009 algo más de 12 millones de euros. Esta medida se incluyó en una ley de medidas energéticas, y fue el resultado de una negociación con el Ministerio de Industria, en el que éste cedió ante las eléctricas para eliminar la detracción de los ingresos que se anotaban por los derechos de emisión de CO2 que recibían gratis del Estado y que, algún año, superó los mil millones.
A finales de diciembre, aún seguían contratando con las comercializadoras de último recurso un 32% de las pymes (con más de 10 kW contratados) que se quedaron sin derecho a tarifa en julio, pero que cuentan con un año de plazo para pasarse al mercado libre. En este periodo transitorio se les aplicarían fuertes penalizaciones por continuar en tarifa.
Un plan sin éxito
El hecho de que apenas 450.000 clientes hayan solicitado el bono social (descontada la aplicación automática, hay tres millones con derecho que no lo han pedido) da cuenta del fracaso de una medida que sirvió de moneda de cambio entre Industria y las eléctricas.