El plagio fiscal, una tradición autonómica
La historia siempre es la misma. Una comunidad, normalmente Madrid o Cataluña, decide subir o bajar un impuesto. A partir de ese momento se inicia un efecto dominó y otros territorios emprenden el mismo camino. Por ello, no debe extrañar que el incremento de impuestos a las rentas altas acordado en Cataluña se extienda ya por otras comunidades.
Desde la consolidación del Estado de las autonomías, los Gobierno regionales han ido ganando progresivamente capacidad normativa. Y si bien existen diferencias entre los regímenes tributarios da cada comunidad, la mayoría ha seguido en los últimos diez años un mismo patrón fiscal. A saber, elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, recortar los tributos sobre la herencia y tocar lo mínimo los aspectos esenciales del impuesto sobre la renta.
En 2002, cuando entró en vigor el anterior modelo de financiación, el Estado cedió a las comunidades el 100% de la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y les permitió cierta capacidad normativa. Ese mismo año, Madrid y Cataluña optaron por subir el impuesto que grava la compraventa de viviendas de segunda mano del 6% al 7%. De tal forma que transmisiones patrimoniales se equiparó al tipo reducido del 7% del IVA, que se aplica a las casas nuevas.
La política tributaria de Madrid y Cataluña sirve de referencia al resto de territorios
Además, ambas comunidades, también subieron del 0,5% al 1% el impuesto de actos jurídicos documentados, que grava la formalización de una hipoteca o la ampliación de capital de una empresa. Las otras comunidades no tardaron en aplicar la misma receta. Así, hasta este año, todas los territorios mantenían el impuesto de transmisiones en el 7% y el de actos jurídicos documentados en el 1%.
No se volvieron a producir cambios fiscales de calado hasta 2005, cuando el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó un importante recorte del impuesto de sucesiones y donaciones y, dos años más tarde, prácticamente eliminó el impuesto para herencias y donaciones de padres a hijos.
Nuevamente se produjo el efecto dominó y la mayor parte de comunidades siguieron, con matices, el ejemplo del Gobierno madrileño. La última en caer fue Cataluña, que cedió a las presión social y aceptó este año recortar el impuesto de sucesiones y donaciones, aunque sigue manteniendo un tipo por encima del de Madrid. Actualmente, Extremadura destaca por ser la comunidad donde resulta más cara la herencia. Por otro lado, Cantabria, que fue pionera junto con Madrid en suprimir el impuesto, este año ha decidido recuperarlo, en contra de la tendencia general.
En cuanto al IRPF, Madrid puede presumir de ser la primera comunidad autónoma que optó, en 2007, por bajar el tipo en la parte autonómica del impuesto. Recortó un punto, distribuido entre los cuatro tramos. La idea gustó a La Rioja, que copió literalmente la medida. La Comunidad Valenciana y Murcia también se apuntaron al carro aunque, su rebaja, se limitó a 0,25 puntos. Sin embargo, en este caso, las diferencias ideológicas prevalecieron y ninguna otra comunidad plagió la receta fiscal.
Cambio de tendencia
Todo indica que en los próximos años la asimetría fiscal en las comunidades autónomas se impondrá y se crearán dos bloques. Uno, liderado por Madrid, englobará a las comunidades del PP y su seña de identidad será mantener tipos en el IRPF más bajos que en los territorios socialistas. Además, Madrid ya ha manifestado que no subirá el impuesto de transmisiones patrimoniales y, de momento, ninguna comunidad del PP se ha manifestado a favor de elevar este impuesto. En ese bloque se encuentran comunidades como La Rioja, Murcia o Valencia.
En el otro bando, formado por comunidades socialistas y donde Cataluña marca el paso, se impone un incremento del IRPF a las rentas altas. La idea, que salió de la Generalitat, también se aplicará, con variaciones, en Baleares, Asturias y Andalucía. Y no es descartable que otros Gobiernos socialistas sigan el mismo camino. Además, comunidades como Asturias, Cantabria, Cataluña, Andalucía, Extremadura y Baleares -todas ellas con presencia del PSOE en el Ejecutivo- también elevarán hasta el 8% el impuesto de transmisiones patrimoniales.