Industria congeló un decreto que dejaba sin prima a la solar irregular
Una propuesta legal aprobada por Industria en enero de 2009 establecía que las plantas fotovoltaicas en situación irregular se quedarían sin prima. Un dictamen de la CNE y del Abogado del Estado advirtieron que se trataba de una invasión de las competencias autonómicas, si bien, el ministerio abrió otra vía legal, que aún no ha usado, para penalizar el fraude.
El 11 de mayo de 2009 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó el dictamen preceptivo de un borrador de real decreto sobre liquidación de las primas de las plantas fotovoltaicas que Industria le había remitido meses antes, concretamente, el 26 de enero de ese año. En noviembre de 2008 ya circuló un primer texto elaborado por el ministerio a raíz de las inspecciones que la CNE realizó en el otoño de ese año. En ellas detectó una gran bolsa de fraude tras el cambio regulatorio, que implicaba una rebaja de la retribución de esas plantas del régimen especial a partir del 30 de septiembre.
El borrador de Industria, con el que se pretendía dejar sin prima a las instalaciones fotovoltaicas en situación de fraude (que pasarían a un registro especial para plantas que podían seguir funcionando pero sin subvención), topó de lleno con los servicios jurídicos de la CNE y de la Abogacía del Estado. Ambos consideraron que se trataba de un procedimiento que invadía las competencias de las comunidades autónomas. Las inscripciones definitivas en el registro (muchas de ellas anómalas, como demostró el regulador) para poder cobrar la prima son competencia de las comunidades, por lo que el Estado no podía anular una decisión de estas administraciones, pese al "escaso estímulo" que tienen para resolver las irregularidades.
Fuentes jurídicas consideran que el texto legal era una especie de procedimiento del Estado "para encubrir una revisión de oficio, sin garantías legales, de las autorizaciones autonómicas".
El borrador, que reposa en los cajones del ministerio que dirige Miguel Sebastián, otorgaba facultades a la CNE para inspeccionar estas plantas del régimen especial y les exigía que acreditasen ante el regulador que lo tenían todo en regla para producir: que disponían de los equipos necesarios y estaban correctamente instalados. Además, debían aportar una serie de documentos acreditativos: facturas de compra, con los documentos de aduanas de los paneles importados, así como los certificados de instalación y de obra. La falta de acreditación en el plazo requerido por la CNE (ésta calculó que recibiría medio millón de documentos) suponía "no aplicar el pago de la prima equivalente", que desde julio de 2009 liquida el regulador (anteriormente lo hacían las distribuidoras).
En pleno proceso de negociación entre el Ministerio de Industria y las empresas del sector para revisar las primas de las renovables, algunas asociaciones como Asif o APPA, han pedido que se retome aquella propuesta, con lo que se haría justicia con las que no han defraudado y se rebajarían de forma considerable las primas (un 20%, según estas asociaciones). En Industria aseguran "que el decreto es inaplicable, por falta de capacidad para inspeccionar", si bien, el propio ministerio abrió posteriormente otras vías legales para abordar el problema, que no han sido recurridas por las comunidades autónomas, pero que Industria no ha usado.
Por un lado, la orden de tarifas de 2008 otorgó a la CNE potestad para realizar planes de inspección y comunicar las irregularidades al ministerio. Por otro, una disposición adicional de otra orden de tarifas posterior, la de julio de ese año, estableció que la Dirección General de Energía una vez comprobada "la veracidad y suficiencia" de las instalaciones anteriores al 30 de septiembre de 2008" y a través de las inspecciones de la CNE, "aquellas que estuvieran incorrectamente inscritas, serán objeto de corrección en el régimen económico", con lo que se quedarían sin prima. Además, si hubieran falseado el registro, se les abriría un expediente sancionador por infracción muy grave.
Una vía para rebajar el coste
La penalización del fraude cometido por las plantas fotovoltaicas dejándolas sin el derecho a cobrar la prima es una de las soluciones que algunas asociaciones del sector, como Asif y APPA, han planteado al ministro de Industria, Miguel Sebastián, en las negociaciones que han mantenido para recortar el peso de este incentivo en la tarifa de acceso (2.600 millones sobre un total de costes de 16.000 millones). Teniendo en cuenta que más de la mitad de esa cantidad son las primas a la fotovoltaica (el resto, de la eólica), Asif calcula que se podría reducir la prima entre un 20% y un 30%, ya que estima que hay 600 MW en situación irregular.El grueso de las anomalías corresponden a las plantas inscritas antes del 30 de septiembre de 2008, fecha que marcó la frontera de una revisión a la baja de la retribución y que son las que tendrían una inmunidad legal frente al Estado. Las del régimen posterior, tras la decisión de Industria de crear un registro de preasignación (que se superpone al autonómico) supone un paraguas frente a las comunidades para poder controlar la situación. En cualquier caso, la inmensa mayoría de las instalaciones (unos 48.000 frente a las 51.000 actuales) se rigen por el viejo sistema del decreto 661/2007.La crisis financiera y las cortapisas económicas y legales han frenado la inversión en estas energías.