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Las oficinas se dedican a desviar clientes y a realizar cancelaciones

El Gobierno afirma que "tiene muy poco margen de maniobra" con Marsans

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, admitió ayer que el Gobierno tiene "muy poco margen de maniobra" en la crisis de Marsans, según declaraciones recogidas por Europa Press. Estas palabras suponen ir un poco más allá de las declaraciones que ha venido haciendo el Ejecutivo, que hasta ahora ha mantenido una posición de respeto y de deseo de la mejor salida para la compañía. En este sentido, Sebastián reiteró que le gustaría que se llegara a la "mejor solución posible" con respecto a la crisis que atraviesa el grupo Marsans para "evitar perjuicios" tanto a trabajadores como a los clientes que tengan contratadas sus vacaciones.

"Nos gustaría que tuviera una solución lo más razonable posible", señaló Sebastián, quien, no obstante, reconoció que al tratarse de una empresa privada la posibilidad de intervenir del Gobierno es escasa. No obstante, fuentes financieras han comentado que el Gobierno, a través de la Vicepresidencia Segunda, ha intercedido ante algunas entidades financieras para ayudar a Marsans.

La situación para los trabajadores es de extrema preocupación, ya que la empresa no tiene actividad y las oficinas se dedican exclusivamente a desviar clientes a otros grupos y a realizar cancelaciones de viajes. En torno a 1.000 trabajadores del grupo Marsans se manifestaron el sábado en Madrid para denunciar la "gravísima" situación de la empresa, que pone en peligro 3.000 puestos de trabajo, y exigieron un plan de viabilidad inmediato, que de no concretarse, podría desembocar en una "radicalización" de sus posturas, sin descartar la huelga.

Los problemas de liquidez del grupo ya afectaron al pago de las nóminas de la plantilla en abril, que no pudo completarse al 100% hasta prácticamente mediados de mes. Las posibilidades de cobrar las nóminas de mayo son prácticamente remotas, según fuentes sindicales. De los 4.000 trabajadores que tenía Marsans, al menos un millar habrían abandonado voluntariamente la compañía ante las oscuras perspectivas, según fuentes sindicales.

Díaz Ferrán: "Air Comet quebró por Argentina"

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, volvió a cargar ayer contra el Gobierno argentino, al que reclama entre de 1.000 y 1.500 millones de dólares (entre 806 y 1.200 millones de euros) por los daños económicos que supuso la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA) al grupo español e insistió en que los "incumplimientos" del Ejecutivo que preside Cristina Fernández contribuyeron a la quiebra de Air Comet. En una entrevista al diario argentino Clarín, Díaz Ferrán argumenta que "el delito de Aerolíneas Argentinas" y el motivo de su nacionalización fue "haber conseguido reflotar". "Vamos a ganar (la demanda), se están valorando todos los daños y perjuicios. Habíamos ganado mucho dinero para renovar la flota de Aerolíneas y por los incumplimientos del Gobierno Air Comet quebró".

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