El plan de ajuste, a debate

Hacienda pone bajo su tutela la obra pública estatal y el recurso a la deuda de los municipios

El Ejecutivo impedirá a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo hasta 2012, y fiscalizará, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, la licitación de cualquier obra pública estatal que supere los 12.000 euros, según el decreto-ley de medidas para reducir el déficit.

Menos obra pública y la que se haga deberá ser supervisada por el departamento que dirige Elena Salgado antes de ser aprobada por Fomento o Medio Ambiente. Al recorte de 6.400 millones de euros en obras que no se ejecutarán este año, según lo estipulado en los Presupuestos Generales del Estado de 2010, y al aplazamiento de todas las obras de ferrocarril y carreteras durante al menos un año, excepto el tren de alta velocidad a Valencia, ahora se une la supervisión especial de todas las obras públicas. Así se refleja en el decreto-ley hecho público ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se incluyen las medidas adicionales aprobadas por el Ejecutivo para reducir el déficit presupuestario hasta el 3% del PIB en 2013, en la que destaca sobremanera las restricciones sobre el gasto en obra pública. En el artículo 16 se establece que antes de autorizar un contrato de colaboración o de concesión de obra pública, cuyo valor estimado exceda de doce millones de euros, "será preceptivo y vinculante un informe del Ministerio de Economía y Hacienda que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que conlleva, así como sobre su incidencia en el cumplimiento de estabilidad presupuestaria". Es decir que el departamento que dirige Salgado fiscalizará la totalidad de la obra pública estatal que se licite, con el fin de evitar que las distintas administraciones se sobreendeuden para concluir obras para la que no disponen de efectivo y evitar que el gasto público se dispare por las desviaciones presupuestarias de la obra.

Y la principal administración señalada por estas prácticas son los ayuntamientos, a los que el decreto les impide, al menos hasta 2012, "acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones o para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes". De hecho, el decreto-ley establece que todo lo que los municipios ahorren a través de la contención de los gastos de personal durante este año y el que viene, se deberá destinar, por este orden, "a sanear remanentes de tesorería derivados de la última liquidación cuando esta fuera negativo, a disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo y a la financiación de las inversiones".

El decreto sí permitirá endeudarse a corto plazo, pero sólo si el saldo pendiente queda liquidado a 31 de diciembre de cada año. Con esta salvedad,Hacienda quiere evitar que losmunicipios adquieran compromisos financieros a corto plazo para financiar inversiones previstas para ejercicios posteriores.

La prohibición de endeudarse a largo plazo se debe a la deuda excesiva de las entidades locales. Según los datos del Banco de España, correspondientes al último trimestre de 2009, éstas debían 34.594 millones de euros, lo que supone un incremento de 6.000 millones en apenas dos años. Y gran parte de ese incremento se ha basado en la licitación de obra pública, impulsada por el fondo de inversión local de 8.000 millones aprobado en 2009. Los últimos datos de la patronal de la construcción (Seopan) así lo atestiguan: el volumen licitado por las tres administraciones entre abril de 2009 y marzo de 2010 se elevó a 33.887 millones de euros, de los que más de una tercera parte le correspondió a la administración local.

Ante la alarma creada, elministro de Política Territorial,Manuel Chaves, se reunió ayer con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, al que explicó algunas de las obligaciones incluidas en el decreto ley. A la salida de la misma, Castro prefirió no hacer comentarios a la espera de debatir las medidas hoy en la Comisión Ejecutiva de la FEMP.

Bajada del 5% en aranceles notariales

El Gobierno ha incluido una rebaja del 5% en los aranceles a percibir por los notarios y registradores de la propiedad en los documentos de cuantía, como las escrituras por la compra de una vivienda. Así consta en el decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit, en el que se recalca que esta rebaja e adopta dado el carácter de funcionarios públicos de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles Sin embargo no sufren modificaciones los honorarios referidos a los documentos sin cuantía, en los que no se especifica ninguna cantidad económica, como pueden ser los poderes notariales o las capitulaciones matrimoniales. Hasta este momento, los aranceles que se aplicaban variaban en función de los bienes que fueran objeto del negocio. En el tramo más bajo (entre 6.010,13 y 30.050,6 euros) se aplicaba un arancel del 4,5 por mil, que ahora quedará rebajado al 4,27. En el tramo más alto (entre 150.253,04 y 601.012,10 euros) se aplicaba un 0,5 por mil, que ahora se reduce a un 0,47.

Frenazo a las agencias estatales

La falta de presupuesto ha echado por tierra una de las novedades más importantes incluidas en las cuentas públicas de 2009: la creación de al menos cuatro agencias estatales para una mejor prestación de servicios públicos que a su vez redundara en una contención del gasto. En la disposición adicional trigésimo primera de la ley 26/2009 se instaba al Ejecutivo que en el plazo de un año, mediante real decreto a iniciativa del Ministro de adscripción del respectivo organismo público y a propuesta conjunta de las ministras de Presidencia y Economía y Hacienda, procediera a transformar los actuales organismos públicos en agencias estatales para la mejora de los servicios públicos Uno de los proyectos que, por lo tanto, queda aplazado sine díe es la constitución de la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación, incluida en la ley de la Ciencia (aún en tramitación parlamentaria), que iba a ser el organismo que garantizara los fondos necesarios para los proyectos de investigación básica.