CiU y PSOE pactan que se amplíe al 95% el importe máximo financiable en hipotecas de VPO
Ampliar el importe máximo de las hipotecas concedidas para la compra de vivienda de protección oficial y el plazo de vida de las mismas. Esos eran los dos ejes de la moción presentada ayer por Convergència i Unió (CiU), que finalmente fue aprobada tras recibir el respaldo del grupo parlamentario socialista.
De este modo se exige que se amplíe el importe de los préstamos para VPO desde el actual 80% al 95% del valor del piso, mientras que el plazo de amortización se prolonga de 25 a 30 años. En la moción aprobada también se insta a destinar el suelo y los bienes "infrautilizados" adscritos a los Ministerios de Defensa, Interior y Fomento, incluidas las empresas públicas, para la construcción de este tipo de inmuebles.
Ambos grupos parlamentarios también incluyeron en el texto la posibilidad de que se confeccione un plan de colaboración público-privada para la creación de un "gran parque" de viviendas de alquiler a precios asequibles, que se vería complementado por la transformación de un "elevado porcentaje" del stock en manos de las promotoras (el Ministerio de Vivienda calcula que a finales de 2009 había 900.000 casas construidas sin vender) para convertirlas en viviendas de alquiler.
Pero no todo fueron coincidencias. El PSOE no aceptó la propuesta de CiU de aplicar la exención fiscal de todas las ayudas públicas al acceso a la vivienda, incluida la Renta Básica de Emancipación. Tampoco la de la creación de un fondo de garantía para que las comunidades autónomas puedan cubrir los impagos de las rentas por parte de personas en situación de vulneración social o de dificultad económica temporal, aunque sí se mostró dispuesto a estudiar otras medidas en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.
Excedentes
El sector inmobiliario finalizará su ajuste este año, según el último informe de Caixa Catalunya. El estudio, sin embargo, señala que el stock de vivienda sin vender durará años, especialmente en poblaciones turísticas y municipios de menos de 50.000 habitantes.