Las comunidades recelan del nuevo plan de ajuste de Salgado
Las comunidades entienden la necesidad de recortar el gasto pero recelan de las palabras de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que advierte que parte del coste del nuevo plan de ajuste recaerá en las autonomías, sin precisar la cuantía.
Existe una idea generalizada que tiende a identificar las comunidades autónomas con despilfarro y no es así. El déficit del Estado asciende al 11,2% del PIB y, de éste, las comunidades aportan sólo el 2,6%", indican fuentes internas de la Generalitat catalana. Con todo, Cataluña es una de los territorios que ya ha mostrado su predisposición a colaborar con el nuevo ajuste.
La mayoría, de momento, espera a conocer las medidas concretas que enumerará hoy en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para lograr reducir el déficit en 0,5 puntos adicionales este año y en un punto en 2011, para posicionarse.
Aun así, los Gobiernos autonómicos establecen ya algunas líneas rojas. Cataluña advierte que asumirá un esfuerzo siempre y cuando también lo realicen el resto de comunidades y, "primero", el Estado. Además, reclama que se respete el Estatuto catalán que obliga al Gobierno central a invertir en infraestructuras en Cataluña el 18,8% de lo que gaste.
Desde Andalucía, mantienen una postura similar y reclaman que el plan de ajuste se aplique por igual a todas las comunidades. Desde los territorios gobernados por el PP, nadie ha levantado la voz para oponerse a la posibilidad de crear un recorte, con la excepción de Madrid. Su presidenta, Esperanza Aguirre recordó que su Gobierno ya se ha estrechado el cinturón y que "ahora le toca a Zapatero y Salgado". Aguirre recordó que Madrid hubiera recortado aún más el gasto si el Gobierno central no hubiera aprobado subir el sueldo de los funcionarios". El Gobierno central aprobó un aumento salarial del 3% para este año, que también afecta a los empleados autonómicos.
Las comunidades presupuestaron para este año 184.000 millones de euros de gasto. De éstos, un 30,7% se destina a pagar el salario de los empleados públicos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un acuerdo marco para iniciar una "política de contención del gasto de personal". Ahora, el mismo órgano deberá aprobar un nuevo acuerdo con medidas más ambiciosas.
El cheque-bebé, en el punto de mira
El ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina defendió ayer que el Gobierno elimine el llamado cheque-bebé, el pago de 2.500 euros que realiza la Administración central por nacimiento de hijo o adopción. Esta medida, aprobada en 2007, supone un coste de unos 1.000 millones de euros anuales.Para justificar su postura, Leguina recurre a un argumento que también se utilizó para reclamar la eliminación de la rebaja fiscal de 400 euros que aprobó el Gobierno tras ganar las elecciones en 2008 y que ya ha eliminado parcialmente. "Por qué hay que pagarle 2.500 euros a la nieta de Botín cuando tenga un niño", se pregunta Leguina en un artículo publicado en la revista El Siglo. No resulta descartable que el Gobierno elimine la rebaja fiscal para las rentas altas.