Trabajo ofrece reponer las prestaciones a los afectados por el 'modelo alemán'
El Gobierno quiere cerrar este mes la reforma laboral, pero los agentes sociales critican su falta de ritmo en la negociación. Por el momento, se va concretando la adaptación del modelo alemán en el que Trabajo ha ofrecido reponer las prestaciones de desempleo consumidas por los empleados afectados.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, repetía ayer en Cuatro que la reforma del mercado laboral verá la luz este mismo mes. Sindicatos y patronal han aceptado también la "urgente necesidad" de concluir el dilatado proceso de negociación. Sin embargo, los agentes sociales critican que mientras el Ejecutivo les presiona poniendo límites al calendario, las propuestas concretas se retrasan y las reuniones del diálogo social pierden intensidad. Durante todo el mes de abril, el Ministerio de Trabajo tan sólo convocó tres reuniones de carácter tripartito.
La última cita de este tipo, que tuvo lugar ayer, trató fundamentalmente de la adaptación al mercado español del conocido como modelo alemán. æpermil;ste, un sistema propiciado y revalidado por el Ejecutivo de la canciller Angela Merkel, permite a las empresas reducir la jornada, y por lo tanto los salarios de sus trabajadores, como alternativa al despido. A cambio, el Estado compensa a los empleados cubriendo con prestaciones sociales el poder adquisitivo que pierdan.
La aplicación en España del Kurzarbeit no será, a priori, tan novedosa como pudiera parecer cuando el Gobierno la puso sobre la mesa en noviembre. El planteamiento expuesto por Trabajo, según fuentes conocedoras de la negociación, implica relanzar una herramienta ya conocida, más que crear una nueva. En concreto, se trata de reponer la prestación por desempleo a los trabajadores que sean despedidos tras haber gastado parte de estas rentas durante un ERE de suspensión de empleo o reducción jornada. La iniciativa ya fue aprobada el pasado año, con un límite de 120 días de reposición, y seguirá vigente hasta finales de 2010. Su inclusión en la reforma laboral permitiría, presumiblemente, elevar el plazo y mejorar las condiciones en las que se aplica, sobre todo para potenciar la reducción de jornada, que sigue siendo marginal.
Intermediación
El consenso sobre este punto aún no es completo. La patronal reclama que la nueva medida incluya también, como ya se aprobara temporalmente, bonificar a las empresas reduciendo el 50% de las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social por los trabajadores afectados.
La negociación de ayer trató también la intermediación laboral, en la que los sindicatos solicitan mejorar el Servicio Público de Empleo, mientras la CEOE reclama la apertura de este mercado a las agencias privadas.
El Gobierno ha pospuesto el debate sobre el modelo austriaco -un fondo empresarial para cubrir los despidos- para la próxima semana, cuando presentará una propuesta concreta. Mientras tanto, el tiempo corre y a los negociadores se les acaba el margen de actuación. Serán las cúpulas de las respectivas organizaciones quienes tengan la última palabra.
Las pymes doblan el gasto del Fogasa
El aumento del grado de insolvencia de las pymes, fundamentalmente, ha doblado el gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un organismo dedicado a cubrir el pago de salarios e indemnizaciones por despido en las empresas sin recursos. En concreto, el montante abonado entre enero y abril ha ascendido a 439,6 millones de euros, frente a loas 217,6 millones gastados en el mismo periodo del pasado año.Dos tercios de la cuantía se han dedicado al pago de extinciones de contrato, y el tercio restante a las retribuciones impagadas. Las empresas de menos de 25 trabajadores han acaparado el 80% del gasto. Por sectores, se ha centrado mayoritariamente en los servicios (41%) y la industria (30%), según los datos publicados ayer por Comisiones Obreras. El sobreesfuerzo que experimenta el Fogasa llega en un momento en el que el Gobierno ha propuesto cubrir con él parte del coste de los despidos objetivos de las grandes empresas (ya aporta el 40% de las indemnizaciones justificadas en las pymes).
