Polémica sobre los visados profesionales

Un servicio pertinente

El pasado día 19, este periódico publicó un artículo del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, en el que, con cierta displicencia en el tono, previene contra la posibilidad de que el desarrollo reglamentario de la Ley âmnibus generalice la institución de los visados profesionales.

Se puede entender que quien preside una institución encargada de velar por la libertad de mercado y por la eliminación de rigideces que dificulten la competencia se muestre preocupado por las trabas que pueda encontrar en su camino. Pero el visado, en lo tocante a las profesiones técnicas vinculadas a colegios, no es una figura superflua que pueda despacharse alegremente con cuatro tópicos.

El visado, ligado a la acreditación de la habilitación profesional, tiene pleno sentido en las actividades técnicas y científicas en que la sociedad deba recibir una garantía previa de seguridad. Es el caso de la edificación, las infraestructuras, las instalaciones, la construcción de artefactos, los trabajos científicos, etc., en que una insolvencia profesional puede provocar perjuicios o daños a la personas o a los bienes. De la misma manera que el usuario de la sanidad tiene derecho a exigir que el médico tenga acreditada su profesionalidad mediante una titulación que lo habilita, es lógico exigir que un puente o un edificio exhiban la garantía de que han sido diseñados y construidos por un cuerpo técnico con solvencia bastante y con arreglo a las normas vigentes.

Los colegios profesionales que realizan los visados, y que deberían seguir ejerciendo esta función en el futuro, son instituciones públicas sin ánimo de lucro organizadas democráticamente y capaces de acreditar, en cada caso, la identidad, la titulación y la idoneidad del proyectista, así como la corrección formal de los documentos que forman el proyecto. Además, asumen la responsabilidad junto al ingeniero, por delante de la responsabilidad subsidiaria de la Administración. Y, si existe convenio previo con ésta, el visado puede incluir un proceso de supervisión técnica. En definitiva, el visado es un servicio de control público ejercido por una institución independiente y capacitada, el colegio, y una garantía ante la sociedad de la actuación de los colegiados. Con la ventaja asociada de un seguro de responsabilidad civil a través de pólizas colectivas que suponen un importante ahorro para el cliente final.

No hay, pues, nada de arbitrario ni de oscuro en el visado, que tiene una repercusión económica mínima (el coste representa el 0,03% del proyecto), que se destina al sostenimiento del propio colegio. Y en cualquier caso, las encuestas sociológicas (Sigma Dos en 2010) demuestran que el 74% de los ciudadanos opina que la no obligatoriedad de visar los trabajos de ingeniería perjudicaría la calidad y seguridad de los mismos, en tanto el 92% considera que los colegios de ingenieros han de visar los trabajos técnicos en el ámbito de sus atribuciones.

No es difícil de ver en el artículo del señor Berenguer un hálito de hostilidad contra los colegios profesionales, instituciones vetustas que sin embargo no han perdido con el tiempo un ápice de su sentido ni de su funcionalidad. Porque los colegios no son agregados gremiales de defensa corporativa de un grupo profesional sino asociaciones que, a la par que prestan servicios a los colegiados, velan por el recto desempeño de las actividades profesionales, contribuyen a la evolución y modernización de los sistemas de formación y garantizan la solvencia de sus miembros contra cualquier desafuero aislado. No sólo nominalmente sino asumiendo una responsabilidad colectiva y directa en la defensa del interés colectivo. Las sociedades modernas no se caracterizan por la desagregación y el individualismo de sus miembros sino por la emergencia de potentes y activos grupos intermedios, capaces de articularlas y facilitar su representación social en los distintos planos de la actividad humana. Y los colegios pertenecen a esta categoría: enriquecen al cuerpo social.

Así las cosas, y cuando en el ambiente intelectual de nuestros escenarios sociopolíticos cunde la convicción de la que recesión que padecemos ha sido causa de la falta de regulación y control del sistema financiero, parece un contrasentido negar la conveniencia de que las actividades económicas de toda índole, incluidas las prestaciones profesionales técnicas, estén sujetas a los controles de calidad necesarios.

Antonio Papell. Ingeniero de Caminos y periodista