La huelga de funcionarios griegos afectará mañana a los vuelos y a la sanidad
La huelga convocada para mañana, martes, por el sindicato de funcionarios públicos de Grecia, Adedy, obligará a cancelar más de 100 vuelos y reducirá la actividad de la sanidad pública al servicio de urgencias, en una nueva jornada de protesta contra el plan de ahorro del Gobierno para combatir la crisis.
Los trabajadores de Aviación Civil ya han anunciado que se sumarán al paro, al que están también convocados los empleados de Hacienda, los trabajadores de los ministerios y el personal sanitario.
Este paro sectorial servirá de anticipo de la huelga general del miércoles con la que los sindicatos quieren protestar contra los recortes salariales, las subidas de impuestos y el retraso de la jubilación que el Gobierno quiere poner en marcha para reducir el déficit y poder acceder a préstamos internacionales.
Al paro general de 24 horas están convocados tanto el sector público como el privado.
El espacio aéreo permanecerá cerrado a partir de la medianoche del martes al miércoles, lo que ha obligado a cancelar todos los vuelos desde y hacia Grecia durante este día.
Además, el servicio de trenes y de barcos quedará interrumpido, el comercio detendrá su actividad y el transporte publico funcionará sólo entre las 10.00 y las 16.00 horas local.
También se verá afectada la atención hospitalaria, los bancos y los despachos de abogados, que no atenderán a sus clientes.
Las protestas son la reacción de los sindicatos a un programa trianual de ahorro de 30.000 millones de euros lanzado por el Gobierno socialista y aprobado el domingo en Bruselas para recibir una ayuda de 110.000 millones de euros de parte de los países de la eurozona y del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta 2012.
Ya hoy, cientos de funcionarios municipales y empleados docentes protestaron en Atenas contra los recortes salariales y otras medidas de austeridad anunciadas por Gobierno.
Basureros, policías e incluso militares, que tienen prohibida la asociación sindical, se manifestaron frente al Parlamento por la pérdida de ingresos.
El Ministerio de Protección al Ciudadano informó hoy de que desde el año pasado más de 3.000 agentes de Policía han pedido la baja del cuerpo debido a la disminución gradual de sus ingresos.