Reducción de altos cargos

Zapatero aplaza la supresión de secretarías de Estado hasta julio

Gesto a los mercados, con el ahorro de 16 millones, y portón abierto a la remodelación de Gobierno al final de la presidencia europea. En estas dos claves hay que interpretar la decisión del Consejo de Ministros de suprimir 80 cargos directivos y 450 puestos de consejeros en las empresas públicas estatales, 29 de las cuales desaparecerán, así como de eliminar 33 altos cargos en la Administración en los que no figura, de momento, ninguna secretaría de Estado.

El acuerdo adoptado este viernes implica la actuación sobre las 106 empresas que operan con una participación pública mayoritaria. De ellas, 29 desaparecerán como consecuencia de su extinción o de fusiones. Buena parte de ellas, como Astilleros Españoles, proceden de la reconversión industrial y estaban inactivas. Esta medida de racionalización supondrá la supresión antes de fin de año de 80 cargos directivos y de 450 puestos de consejeros. En el ámbito del grupo de Patrimonio, esta actuación se concentra en las sociedades de aguas, infraestructuras agrarias y en las de cultura. Dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la concentración afectará también a dos filiales de Tragsa y a las firmas Infoinvest, Sepides e Ingruinsa. En los próximos meses, se promoverán los acuerdos societarios que permitirán al extinción de 14 sociedades mercantiles propiedad del Estado. Cuando finalice el proceso, se habrá suprimido el 27% de las 106 sociedades participadas mayoritariamente con capital público.

Las dificultades que ha encontrado el Gobierno para encajar la reducción de altos cargos en la Administración central programada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha impedido que el ajuste en este ámbito haya sido más rápido. De hecho, ha quedado congelada hasta el mes de julio la supresión de secretarías de Estado, con el pretexto de que buena parte de ellas están inmersas en los trabajos de la presidencia europea.

Este aplazamiento tiene varias ventajas, según fuentes gubernamentales. La principal, que deja la puerta abierta a José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la remodelación ministerial pendiente el próximo verano, sin tensar de forma innecesaria la relación existente entre los ministros y la vicepresidenta primera y también entre los primeros y sus segundos escalones. Uno de los ejemplos más significativos es el de la secretaría de Estado para la Unión Europea que ocupa Diego López Garrido, al que ya se atiene asignado un destino en una fundación dependiente del PSOE bajo la supervisión del ex ministro Jesús Caldera. Exteriores será uno de los departamentos más afectados por la reducción de altos cargos, según las mismas fuentes.

Este viernes, por tanto, el Consejo de Ministros optó por no ir más allá de la supresión de 33 altos cargos de segundo nivel: una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos con rango de dirección general, al frente de los cuales se situará a subdirectores generales.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, cifró el ahorro de todas estas medidas en 16 millones anuales.

Pedroche trabajará como vocal de la CNMV

Una de las bajas más polémicas que el Gobierno ha buscado disfrazar dentro de la racionalización de la administración pública es la de Jesús Pedroche al frente de la Agencia Tributaria. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, intentó evitar este viernes todo comentario que pudiera interpretarse en clave de enfrentamiento personal. Le agradeció los servicios prestados, su "trabajo excelente" y anunció que comenzará a trabajar como nuevo vocal en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pedroche, aseguran fuentes internas de la Agencia Tributaria, aceptó este cargo tras rechazar ocupar la presidencia de Correos, informa Jaume Viñas.

Salgado encuadró el plan de racionalización de la Administración y del sector público empresarial en los planes que ha elaborado el Gobierno en clave de eficiencia, más que de ahorro. En este contexto, negó que el Gabinete esté actuando al dictado de las agencias de calificación de riesgo: "En absoluto", respondió Salgado a la pregunta de un periodista.

La vicepresidenta segunda admitió también que el Gobierno carece de instrumentos legales para obligar a comunidades autónomas y ayuntamientos a reducir el número de altos cargos, siguiendo el ejemplo de la Administración central. "Eso no figura entre nuestras competencias y sería inmiscuirnos en las de ellos", razonó la vicepresidenta.

En otro contexto diferente, Elena Salgado negó que España pueda alcanzar los cinco millones de parados en el futuro. "Nuestra previsión es que la tasa de paro vaya disminuyendo en los próximos trimestres", señaló, en sintonía con las declaraciones que realizó el pasado martes una vez se filtraron los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se oficializaron este viernes.

El recorte

Empresas públicas

-Fusiones: afectadas 24 sociedades, 17 en Patrimonio, 5 en la SEPI y 2 en Fomento.

-Extinciones: desaparecen 14 empresas, 13 dependientes de la SEPI y una de Vivienda.

-Consejeros: antes de agosto se tendrá que reducir el número en, al menos, un 15% hasta 450.