El auditor mantiene las dudas sobre el futuro de Afirma por los préstamos a sus filiales
Afirma Grupo Inmobiliario no consigue el visto bueno de sus auditores. Pese a la ampliación de capital, la refinanciación de la deuda, la reducción de su estructura y de los gastos y su adaptación a las adversas condiciones del mercado, elementos que a juicio de Ernst & Young favorecen la viabilidad de la compañía, las dudas sobre la posibilidad de cobrar una serie de préstamos que la empresa que preside Félix Abánades tiene concedidos a empresas vinculadas "son indicativas de incertidumbres de la capacidad de la sociedad para continuar su actividad y para realizar sus activos, entre los que se incluyen los saldos a cobrar", que ascienden a 108,6 millones de euros.
En el informe de Ernst & Young sobre las ceuntas anuales de Afirma, que acaba de ser rebautizada por segunda vez como Quabit tras abandonar el nombre de Astroc, presentado a la CNMV, el auditor hace referencia a las inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas. Se trata de créditos a corto plazo por valor de 86 millones, a largo de 1,6 millones y otros 21 millones prestados a una vinculada, también a largo plazo.
En todo caso, la cifra es menor a la que Ernst & Young recogía también en la auditoría del año pasado, cuando también se incluía esta salvedad, aunque la cifra global ascendía a 137 millones. El principal acreedor es su máximo accionista, el Grupo Rayet. Fuentes oficiales de Afirma destacaron precisamente el hecho de que se haya rebajado en un año la cifra, lo que supone que sí se están atendiendo los pagos.
El auditor considera esa posible imposibilidad de cobro "factores exógenos", es decir, innerentes a la situación del mercado inmobiliario, que dificulta la posibilidad de hacer líquidos los activos de las distintas filiales y, por tanto, de devolver a la matriz el dinero prestado.
Afirma tiene aplazado el pago del grueso de su deuda, que asciende a 1.441,3 millones de euros. La refinanciación pactada a mediados del año pasado da de tiempo a la inmobiliaria hasta 2012 para empezar a pagar el capital, con un plazo de tres años.