A fondo

La gran farsa del mercado eléctrico

El pool eléctrico español tiene de mercado lo que una farsa teatral de realidad. El empeño de la Unión Europea (y de países como España, que han encabezado la manifestación) en liberalizar esta actividad, con la desaparición de las tarifas de la luz y del gas y el mantenimiento del sistema marginalista de fijación de precios para instalaciones de producción con costes dispares, es parte de la tramoya con la que se representa la pieza.

Los defensores de este mercado, especialmente las eléctricas que aprovechan el beneficio llovido del cielo que el sistema aporta a tecnologías como la hidráulica (Iberdrola controla el 40% de esta energía) y la nuclear, argumentarían que "todos los mercados son marginalistas". La respuesta de los detractores es que, efectivamente, así es, pero que no sirve en este caso, "pues al eléctrico no se le puede considerar realmente un mercado".

En el caso español, además, los vaivenes y las contradicciones del Gobierno han convertido el sistema en un galimatías mercantil. Y es que, simultáneamente, aplica medidas para impulsar el libre mercado y otras para favorecer coyunturalmente a ciertos sectores (como el carbón nacional, las energías renovables o a las propias eléctricas permitiéndoles cobrar dos veces los derechos de CO2).

Si se elimina el lucro cesante para el gas en el decreto del carbón, hay que quitarlo también en el mercado de restricciones técnicas, según la CNE

Aunque todas las energías acuden al pool, ya casi ninguna compite en él: las energías renovables (ajenas a la coyuntura) por estar fuertemente primadas y porque su producción es de obligada adquisición por las comercializadoras; y el carbón nacional porque el Gobierno ha decidido crear un mercado específico para este combustible (el de restricciones por garantía de suministro) con un precio regulado y obligará a las eléctricas a consumirlo -22 teravatios (TW) hasta 2014- en sus centrales térmicas, pese a su falta de competitividad tras el hundimiento de la demanda.

Quedan en él energías de bajo coste, como la hidráulica y la nuclear y, tras las medidas para incentivar el carbón, centrales de ciclo combinado que serán desplazadas por aquél -en un 40% según los cálculos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)-. Con todo, serán las centrales que utilizan carbón de importación -8.000 megavatios (MW)- las que van a quedar totalmente excluidas, según el informe encargado por el regulador para "introducir mejoras" al real decreto sobre el carbón (aprobado el 27 de febrero y que no llegó a aplicarse) para adaptarlo a las exigencias de la CE. æpermil;stas se traducen en la eliminación del pago del lucro cesante a las tecnologías (carbón de importación, fuel y gas) que incluía un anexo del citado real decreto. Sin embargo, la notificación oficial de Bruselas sigue siendo un secreto, incluso para la CNE, pues Industria no se la ha remitido. Una de las conclusiones más relevantes del nuevo informe del regulador es que si en este nuevo mercado no cabe el pago del lucro cesante, también hay que eliminar estas compensaciones en el llamado mercado de restricciones técnicas, cuya regulación acaba de proponer la Comisión.

En cualquier caso, la situación es aún más rocambolesca si se tiene en cuenta que la única tarifa que ha sobrevivido a la liberalización (la llamada de último recurso, o TUR, a la que pueden acogerse los 24 millones de clientes domésticos), no se determina con los precios que las comercializadoras pagan en el pool. La TUR se fija en las subastas trimestrales (Cesur) a las que acuden las empresas para adquirir la energía a plazo que van a suministrar a sus clientes y en las que se tiene en cuenta los precios financieros de la energía en los mercados internacionales.

Pero da la casualidad de que estos precios han resultado muy inferiores a los del mercado mayorista que es en el que se adquiere la mitad de la energía consumida. Concretamente, el que resultó en la última subasta, ha proporcionado a las comercializadoras un margen de más de ocho euros por MWh. Este beneficio, que con el anterior sistema de tarifas integrales, en el que se liquidaba la energía, se hubiese destinado a recortar el déficit de tarifa, va ahora directamente al cajón de las empresas.

Esto explicaría las ofertas que están haciendo las dos grandes eléctricas, Endesa a Iberdrola, a los clientes de sus competidoras, especialmente los de Gas Natural-Fenosa. La confusión reina en un proceso que podría dar a entender que sí existe el mercado, pues los clientes, en general, desconocen que si las aceptan pasan al segmento libre y que sólo se rebaja el precio de la energía, al que hay que añadir la tarifa de acceso a las redes, cuyo encarecimiento está castigando fuertemente a los clientes sin derecho a tarifa.

Regulación pendiente

Los incentivos al carbón, cuyo coste para los consumidores ronda 500 millones, pueden suponer la puntilla para un mercado que hace aguas. De hecho, el regulador, ante la multitud de expedientes y sanciones por posiciones de dominio de la CNE a las eléctricas en el mercado de restricciones técnicas, ha propuesto también al ministerio que se regule este mecanismo, aunque teniendo en cuenta los precios de mercado.

REE recurre a dicho mecanismo para suministrar a zonas cuya demanda no se cubre en el mercado diario, con la producción de centrales cercanas que, por haber ofrecido precios elevados, quedan fuera de la casación de las subastas y que, por restricciones no cobran el marginal, sino el precio solicitado inicialmente. Con la regulación propuesta por la CNE, y según sus hipótesis, el sistema se ahorraría 240 millones de euros, un 50% de los segmentos no competitivos.