Funcionarios públicos

Las regiones suman dos empleados por cada uno que pierde el Estado

El número de empleados de la Administración central se ha reducido en 173.246 trabajadores desde 2001, mientras que en el mismo periodo las comunidades han firmado 412.861 nuevos contratos. Es decir, por cada funcionario que pierde la Administración central, las regiones contratan dos.

El plan de racionalización que aprobará el Gobierno a finales de abril contempla, entre otras medidas, la eliminación de altos cargos públicos. La Administración central cuenta con 547 altos funcionarios, mientras que el número en las comunidades autónomas asciende a 3.838, según el recuento realizado por el sindicato USO el año pasado. Por ministerios, el de Justicia es el que tiene más altos cargos (137) y Vivienda y Cultura son los que suman menos, sólo siete.

El Consejo de Ministros decidirá el próximo 30 de abril qué secretarías y direcciones generales se eliminarán, lo que está creando tensiones en el seno de la Administración. De momento, la Secretaría de Estado para la UE, dirigida por Diego López Garrido, es probable que desaparezca una vez España abandone en julio la presidencia de turno de la UE.

En cualquier caso, una reforma en profundidad debería contar con las comunidades, donde se agrupan la mayor parte de altos cargos. Por otro lado, la descentralización autonómica queda patente cuando se recuentan los funcionarios. Así, la Administración central ha reducido en 173.226 el número de empleados desde 2001. Y las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en ese mismo periodo de tiempo, han elevado el número de funcionarios en 412.861 y 89.594, respectivamente.

Si bien el aumento se debe, en parte, al incremento de la población y la mejora del Estado de bienestar, los datos también parecen indicar que se producen solapamientos entre las tres Administraciones.

Los Gobiernos regionales han pasado de destinar 30.000 millones de su presupuesto en pagar los salarios públicos en 2002 a 56.500 millones en 2010. Un incremento del 85%. Los Ejecutivos autonómicos gastan el doble que la Administración central en abonar los salarios públicos.

Las comunidades cuentan con 1,3 millones de empleados por 627.000 las corporaciones locales y 583.400 la Administración central. La diferencia se debe a que las competencias de sanidad, educación y servicio sociales recaen en las comunidades autónomas.

Actualmente, las relaciones entre ellas para compartir proveedores y servicios para alcanzar economías de escala y ganar en eficiencia es prácticamente nula. El último Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó crear un grupo de trabajo para promover "mecanismos de colaboración entre las regiones con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y mejorar la calidad de los servicios públicos, principalmente en los ámbitos de sanidad y dependencia.

Por otra parte, también se acordó aplicar "una política de contención de los gastos de personal, que se instrumentará a través de una senda de austeridad en materia de retribuciones". La variación anual del sueldo base de los funcionarios se decide desde La Moncloa. Para este año, el aumento ha sido del 0,3%. Aunque cada departamento decide los variables por productividad.

Las cifras

139 altos funcionarios suma el Ministerio de Justicia, el que más tiene. En el lado opuesto se sitúa el de Vivienda y Cultura, con sólo siete altos cargos.

4,3% es el porcentaje de funcionarios autonómicos que hay en Extremadura sobre el total de población.

El País Vasco gana por goleada

Euskadi es la comunidad autónoma con un mayor número de altos cargos, ascienden a 650, según el recuento realizado por la Unión Sindical Obrera (USO) el año pasado, mientras que la Administración central -incluyendo organismos autónomos, agencias estatales y otros departamentos públicos- suman 548 altos funcionarios. Al País Vasco, le sigue Galicia, con 400 altos cargos y Andalucía (343). Sin embargo, el Ejecutivo andaluz suprimió 39 altos cargos que le permitirá ahorrar en torno a 3,5 millones de euros.

En porcentaje, Extremadura es la comunidad que tiene más funcionarios trabajando en la Administración autonómica, un 4,3% de su población. Es decir, el Gobierno regional paga la nómina de cuatro de cada cien extremeños. Es un ratio alto si se tiene en cuenta que Extremadura no tiene, como Cataluña o el País Vasco, una policía propia ni gestiona la competencia en prisiones. De hecho, Cataluña es el territorio con menos funcionarios autonómicos, un 2,1% de su población.

La Comunidad Valenciana, Madrid y el País Vasco son, por este orden, las otras regiones que cuentan con menos funcionarios autonómicos per cápita. En el lado opuesto, además de Extremadura, destacan Navarra y Murcia.

En cualquier caso, en España, el número de funcionarios del conjunto de Administraciones públicas no alcanza los 2,7 millones de personas, que supone el 14% del total de ocupados. Una porcentaje muy inferior al francés (29,1) o al británico (20,2%) y parecido al que existe en Alemania.

A rebajar el coste

El Gobierno prevé recortar un 4% el coste de las remuneraciones públicas, aunque la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, descartó una rebaja o congelación salarial. El ahorro se realizará limitando al 10% la tasa de reposición.