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Movimientos de efectivo

El Congreso pide extremar el control sobre los billetes de 500 euros para combatir el fraude

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley de ERC pactada con el PSOE que insta al Gobierno a promover, en el ámbito de la presidencia de la Unión Europa, un debate "serio y profundo" sobre la utilización de los billetes de 500 euros. Además, piden que impulse la adopción, en el marco europeo, de mayores medidas de control.

En cualquier caso, la Agencia Tributaria española lleva desde 2005 aplicando un protocolo para detectar e investigar operaciones en las que se hayan utilizado billetes de alta denominación. Desde entonces, Hacienda ha liquidado deuda por valor de 742 millones de euros.

Además, a partir de este año, las entidades financieras están obligadas a informar a la Agencia Tributaria de todos los movimientos de efectivo de más de 3.000 euros, independientemente del tipo de billete utilizado. Hacienda entiende que la utilización de un gran número de billetes de alta denominación en una operación comercial constituye un indicio de un posible fraude fiscal.

En los años del boom inmobiliario, la circulación de billetes de 500 euros se disparó. Sin embargo, la llegada de la crisis también ha reducido esta problemática. Según datos del Banco de España, el número de billetes de 500 euros en circulación bajó a 107,56 millones en febrero, el nivel más bajo desde septiembre de 2008. En febrero, los billetes de 500 euros sumaron 53.780 millones de euros, el 67,2% del efectivo total distribuido por el Banco de España.

No se suprimirán

En un primer momento, ERC reclamaba una media más resolutiva y postulaba la supresión de los billetes de 500 euros. Finalmente, la proposición no de ley omite esta opción. El portavoz de ERC, Joan Ridao, apuntó que "el desmesurado acaparamiento" de billetes de alta denominación es un factor que "impulsa las cifras" de economía sumergida, que Ridao cifró en más del 20% del PIB.

El Congreso reclama establecer un protocolo de actuación sobre los movimientos de efectivo dentro de la Unión Europea.

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