El Banco de España impuso sanciones a siete entidades por infracción muy grave el año pasado
El Banco de España impuso siete sanciones a entidades y dieciocho a administradores por la comisión de infracciones muy graves durante 2009, según se desprende de la Memoria de actuaciones del Banco de España, relativa a un ejercicio marcado por la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM).
Las sanciones se dirigieron a dos sociedades de tasación, cuatro establecimientos de cambio y una sociedad, implicaron multas por un total de 577.000 euros, siendo la mayor de ellas, de 110.000 euros, dirigida al accionista y administrador único de la sociedad mencionada por adquirir participaciones significativas contraviniendo la ley. Asimismo, se le sancionó con seis años de inhabilitación para ejercer cargos de dirección en ninguna entidad financiera.
Durante 2009, se resolvieron los expedientes seguidos contra dos sociedades de tasación y sus administradores y, en ambos casos, fueron sancionadas por la emisión de certificados y de informes de tasación "en cuyo contenido se precie de forma manifiesta una falta de veracidad en la valoración y en particular la falta de concordancia con los datos y pruebas obtenidos en la actividad de valoración efectuada".
Una de las sociedades sufrió la pérdida definitiva de la homologación para prestar servicios, mientras que a la otra sólo se le aplicó una multa de 80.000 euros y a cinco de sus administradores por un monto global de 60.000 euros.
En cuanto a los expedientes tramitados sobre establecimientos de cambio de moneda extranjera y gestión de transferencias con el exterior se resolvieron cuatro sanciones por infracciones graves de estas entidades y sus administradores.
Dos de estas entidades vieron revocada la autorización para ejercer la actividad de cambio de moneda y gestión de transferencias con el exterior debido a la inclusión de "irregularidades esenciales" en su contabilidad que dificultan la apreciación de la situación patrimonial y financiera del establecimiento.
En los otros casos, las infracciones muy graves se derivan de la existencia previa de una infracción grave del mismo tipo, por la que le había sido impuesta ya en los cinco años precedentes una sanción firme, mientras que el cuarto se impusieron por "incumplimiento de deber de veracidad informativa", que se consideró "especialmente relevante" por el número de los afectados o la importancia de la información.
No habla de sanciones en CCM
El documento no hace referencia a su propuesta sanción para los ex gestores de CCM, que consisten en de cinco años de inhabilitación para cargo público para el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la caja, Ildefonso Ortega. Asimismo, el Banco de España pide multa de 150.000 euros para Hernández Moltó y entre 5.000 y 100.000 euros para el resto de ex consejeros.
Se prevé que la decisión definitiva la tome el Ministerio de Economía y Hacienda esta primavera, en base al informe final del Consejo Ejecutivo del Banco de España tras estudiar las alegaciones de los ex consejeros de la entidad.
El supervisor señala que, después de realizar dos inspecciones en 2008 en la caja y proponerle que buscara alguna entidad "interesada en iniciar un proceso de concentración", la "delicada situación" de CCM hizo necesaria la "aplicación inmediata" de las medidas cautelares para sustituir el consejo de administración y nombrar nuevos administradores.
"Para acelerar el proceso y evitar dilaciones innecesarias que agravasen los problemas de liquidez, así como para detener su posible extensión a otras partes del sistema, el Banco de España actuó con celeridad y con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito", argumenta el documento.
Evitar "convulsiones" en los mercados
Asimismo, justifica su decisión de sustituir a los administradores de CCM tomada el 28 de marzo de 2009 para proteger los ahorros de los depositantes y acreedores, evitar convulsiones en los mercados y preservar la estabilidad del sistema financiero.
Para ello, el objetivo era estabilizar la caja, evitar un colapso de liquidez y administrarla para buscarle una "salida ordenada" minimizando el coste en términos de recursos públicos y manteniendo la efectividad de los servicios financieros.