El pago en efectivo queda excluido de la nueva deducción por obras
El decreto para el fomento de la actividad económica y el empleo que este viernes aprobó el Consejo de Ministros incorpora un gasto fiscal de 2.200 millones de euros (1.600 millones si se excluye el aplazamiento de impuestos por libertad de amortización). Para tener derecho a las nuevas deducciones por IRPF ligadas a la rehabilitación de viviendas, Hacienda no admitirá los pagos en efectivo de las obras realizadas.
El nuevo paquete legislativo se compone de varios capítulos, uno dedicado a promover el empleo de forma inmediata, otro a fomentar la competitividad y un tercero orientado a mejorar la regulación de los sectores energético y financiero. En el bloque inicial sobresale la reducción del IVA para toda clase de obras de mejora de vivienda, que se beneficiarán de un tipo reducido si se realizan antes del 31 de diciembre de 2012. El Gobierno ha ampliado también el concepto de rehabilitación estructural de acuerdo con un catálogo de obras pactado con las comunidades autónomas.
Además, destaca la creación de una nueva deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual cuyo gasto fiscal, por importe de 1.400 millones anuales, recaerá íntegramente sobre el Estado. Esta desgravación será del 10% para contribuyentes con rentas inferiores a 33.007 euros y tendrá un límite de 4.000 euros anuales por vivienda. El decreto prevé que puedan deducirse las cantidades que excedan a este límite a lo largo de cuatro ejercicios consecutivos con el mismo límite anual y hasta un máximo de 12.000 euros. No podrán acogerse a estos beneficios fiscales las rentas superiores a 53.007 euros anuales.
Para evitar la apertura de una nueva puerta a la economía sumergida, Hacienda exigirá que el pago de las obras no se realice en efectivo, por lo que se tendrá que recurrir a algún instrumento que deje huella, a través del abono con tarjeta, cheque o transferencia bancaria. Según fuentes del Ministerio de Economía, se ha optado por esta exigencia para evitar que proliferen las facturas falsas. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, considera que de este gasto fiscal podrán beneficiarse el 95% de los contribuyentes. Con este bloque de actuaciones relacionadas con la rehabilitación, el Gobierno considera que podrán crearse en los dos próximos años alrededor de 350.000 empleos.
Créditos directos del ICO desde junio
Con el fin de ayudar a la actividad empresarial, el Ejecutivo dio luz verde, fuera de este decreto, al acuerdo que permitirá al ICO conceder créditos, a condiciones del mercado, por un importe máximo de 200.000 euros con una cobertura de riesgo del 100% y sin que las entidades colaboradoras puedan imponer a las empresas condiciones extraordinarias. Los créditos estarán disponibles desde el 15 de junio, para este año y el 2011. Dentro del decreto, el Gobierno incorpora otra batería de iniciativas focalizadas en las pymes. Se les prorroga para los ejercicios de 2011 y 2012 la libertad de amortización siempre que mantengan el empleo, lo que supondrá un aplazamiento de impuestos por valor aproximado de 600 millones de euros. Podrán beneficiarse del mismo 3,5 millones de empresas, según los cálculos de Economía.
Además, a las pymes con facturación inferior a seis millones se les acorta en seis meses el plazo disponible para recuperar el IVA de las facturas impagadas. No se les exigirá reclamación judicial, aunque sí requerimiento notarial.
Menos papeleo
Las pymes que realicen operaciones vinculadas no tendrán que documentarlas a Hacienda si no superan los 100.000 euros. En tres meses, se aprobará otro decreto que simplificará también este trámite para las grandes firmas. Las sanciones por no documentar tales operaciones se adecúan al tamaño de la empresa. No superarán el 2% del importe de la operación o el 1% de la facturación, según el caso.
Ayuda al coche eléctrico con vista en las constructoras
La norma aprobada este viernes incluye también la creación y regulación de la figura del "gestor de recarga energética" para impulsar el uso del coche eléctrico, algo que estaban esperando las empresas constructoras, sobre todo para intermediar en un mercado que puede mover un importante volumen de negocio.Se calcula que en el año 2014 puede haber 250.000 coches eléctricos en España y que se necesitarán alrededor de 350.000 enchufes en gasolineras, parkings y centros comerciales. Las empresas interesadas comprarán electricidad a las comercializadoras para prestar servicio a los clientes.En este contexto, el Gobierno ya tiene diseñado un plan integral del vehículo eléctrico que incorpora el desarrollo industrial, la infraestructura de recarga, así como las implicaciones energéticas y tecnológicas relacionadas con la política de oferta y demanda.Según fuentes gubernamentales, también se proyecta incluir el vehículo eléctrico en los programas de compra de las administraciones públicas. En el ámbito energético, el decreto contiene una previsión legal que asegura la financiación transitoria por parte de las eléctricas del déficit coyuntural del sistema, así como la fijación de los mecanismos por los que se articula la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico hasta su completa emisión.La norma que será convalidada en breve en el Congreso por una amplia mayoría parlamentaria prevé también reformas en la legislación de contratos de las administraciones para facilitar en ellas un ahorro del 20% en el consumo energético hasta el año 2012.