'Caso Gürtel'

El juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores

El instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, exige una fianza de más de 200 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, al supuesto líder de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y a sus principales colaboradores.

En varios autos notificados en los últimos días, el magistrado impone a Correa y a su "número dos", el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno, a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.

Además, Pedreira ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, "El Bigotes".

La fianza, que si no es satisfecha llevará al embargo de bienes, responde a las responsabilidades pecuniarias por los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se les imputan a todos ellos.

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero dice que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían.

Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas.

De hecho, la resolución señala que la trama entregó más de 2.800.000 euros a diversos cargos públicos en concepto de sobornos.

Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".

Los autos también recogen el informe de la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, que en el caso de Correa -que en ese periodo no hizo la declaración de la renta- revelan que "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".

En los delitos fiscales y de blanqueo que se imputan al supuesto líder de la trama "habrían participado numerosas personas", entre las que se cita a los abogados Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, cuya actuación se encaminó a "dar opacidad a las operaciones que realiza Francisco Correa".

De Blanco dicen los autos que "diseñó" la estructura de blanqueo de la trama, colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez.

Por su parte, sobre Crespo, el considerado "número dos" de la trama, el juez señala que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.".

Además, considera que "hace ejecutar las directrices" de Correa, como la realización de transferencias internacionales y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización.

Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.

La mujer de Correa, Carmen Rodríguez, es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).

Según el auto, Rodríguez usaba la estructura empresarial creada por su marido "para su propio beneficio" y como ejemplo menciona los viajes que ésta realizaba y que eran preparados por una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes SL.

La sitúa el juez también como beneficiaria del patrimonio adquirido por la organización y asegura que conocía las actividades de ésta.

Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Álvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros, cantidad que justifica la fianza de 650.000 euros impuesta a "El Bigotes".

Las claves de acceso al sumario estarán disponibles a las nueve de la mañana

Las claves que permitirán a las partes personadas en el "caso Gürtel" acceder a la parte del sumario sobre la que el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha levantado el secreto no estarán disponibles hasta las 09:00 horas de mañana martes.

El nombre de usuario y la contraseña han sido ya facilitados en sobres cerrados por el TSJM al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, pero éste no dará traslado de las mismas a los procuradores personados en las actuaciones hasta mañana por la mañana, han informado a Efe fuentes de esa institución.

A la misma hora, los abogados que no disponen de procurador están citados en la sede del TSJM "al objeto de recoger el sobre cerrado" que contenga esa misma información, según una providencia notificada hoy por Pedreira.

Mientras tanto, los técnicos en informática del tribunal han comenzado ya esta mañana a "colgar" el sumario en el portal de internet dispuesto al efecto, con lo que se espera que esta próxima medianoche se encuentre ya la causa completa, han señalado fuentes del TSJM.

En total, se calcula que los imputados y sus defensas y las acusaciones tendrán acceso a partir de mañana a unos 50.000 folios del sumario en el que se investiga una trama de corrupción ligada a cargos del PP y que de momento sólo conocen en su integridad el instructor y la Fiscalía.

La parte sobre la que se ha levantado el secreto es la que se ha instruido en el TSJM durante el último año, ya que Pedreira levantó a principios del pasado mes de octubre el secreto del sumario sobre las actuaciones llevadas a cabo anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.