Gas Natural e Iberdrola soportarán el 60% del coste del decreto del carbón
Con un 34% y un 24% de la potencia instalada en ciclos combinados, respectivamente, Gas Natural e Iberdrola soportarán la mayor parte del coste de las medidas que incentivarán el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas. En el real decreto que fijaba dichas medidas se eliminará, por decisión de Bruselas, el derecho de cobro que también tenían el gas, el carbón de importación y el fuel.
La decisión del Ministerio de Industria de seguir adelante con las medidas para incentivar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, pese a que Bruselas ha rechazado la legalidad del pago del lucro cesante de la producción con gas desplazada por el carbón, tendrá un elevado coste para las centrales de ciclo combinado. Aunque la patronal del sector, Sedigas, aún no ha cerrado los cálculos de cuáles serán las pérdidas que la aplicación del real decreto acarreará para sus asociadas, serán Gas Natural e Iberdrola las que soporten el mayor peso. Y es que éstas poseen, respectivamente, un 34% y un 25% de la potencia instalada con este tipo de tecnología, lo que roza el 60% del total. Por contra, la norma, que fijará un precio regulado para el mineral autóctono, beneficiará a Endesa, que tiene un 43% de la capacidad instalada en centrales térmicas convencional (carbón).
La semana pasada la Comisión Europea comunicó que los incentivos al consumo del carbón nacional incluidos en el real decreto que entró en vigor el 1 de marzo son ayudas de Estado conformes al Tratado de la Unión. De esta manera respondía a la prenotificación que el Gobierno le envió en diciembre, tras la recomendación que le hizo en su dictamen sobre el real decreto la Comisión Nacional de la Competencia.
Sin embargo, Bruselas no consideraba conforme a la normativa comunitaria el lucro cesante que, según esta norma, recibirían el carbón de importación, el fuel y, sobre todo, el gas natural.
Por la vía de urgencia, Industria ha elaborado otro borrador de real decreto que modificará el que ya está en vigor (aunque no se ha aplicado) y se lo remitió para su informe a la Comisión Nacional de la Energía el pasado jueves, 25. El regulador no lo analizará hasta la próxima semana.
En el nuevo texto se elimina el anexo tercero, en el que figuraban "los derechos de cobro de las unidades cuyo programa resulte reducido en el proceso para la compensación de las modificaciones por solución de restricciones por garantía de suministro". En otras palabras, el resto de las plantas térmicas (que no son de carbón nacional) que, resultando casadas en las subastas del mercado diario, sean desplazadas finalmente por el carbón si entre todas no cubren la demanda.
Preocupación
La decisión ha sido duramente criticada por Sedigas y las empresas afectadas, que están estudiando las consecuencias del nuevo real decreto. La semana pasada, la patronal mostró su "preocupación" por la inseguridad jurídica de los cambios normativos, que, además, "distorsionan el buen funcionamiento del sector energético español".
Su presidente, Antonio Peris, consideró preocupante que se imponga, "en un mercado aparentemente liberalizado, una tecnología en perjuicio de otras en base a subvenciones". En este sentido, recordó que el precio del pool, que incluye el gas, es de 42,46 euros MWh, mientras que el nuevo precio regulado del carbón es de 56,33 euros, "lo que encarecerá el precio de la electricidad en España".
El plazo de aplicación pasa de dos meses a dos días
Aunque la autoridad de la Competencia recomendó a Industria que no aprobase el real decreto sobre el carbón hasta notificárselo a Bruselas (por las dudas de si las medidas que incluían pudiesen ser ayudas de Estado), las presiones de las empresas mineras llevaron al Gobierno a publicarlo en el BOE antes de recibir una respuesta.La nueva norma entró en vigor el 1 de marzo, pero, para evitar problemas con la CE, su aplicación se pospuso dos meses. Para ello se utilizó un truco: se daba dos meses de plazo para que REE presentase "una propuesta de revisión de los procedimientos de operación afectados". Otro tanto ocurría con las 10 centrales afectadas, que disponían de ese mismo plazo para presentar ante la CNE "una carta de compromiso de adquisición de carbón autóctono hasta 2012". Estos plazos se consideraron una excusa para ganar tiempo hasta recibir una respuesta de Bruselas.Y así se ha confirmado: una vez que la Dirección de la Competencia de la UE ha dictaminado que el incentivo al carbón es una ayuda legal (no así el lucro cesante del gas) en el borrador de real decreto que modifica al primero, que ha sido remitido al regulador, los dos meses se convierten en dos días, tanto para las exigencias a REE como a las citadas centrales.Las medidas, que "hace saltar por los aires el mercado", según fuentes del sector, se aplicarán hasta 2014, aunque si cesan las circunstancias excepcionales (el derrumbe de la demanda por la crisis económica) que las han motivado, podrían ser revisadas.La norma no establece, frente a lo que se había asegurado, unas cantidades fijas de consumo de carbón, cuyos stocks se calculan en 10 millones de toneladas.