El Gobierno acepta aplazar dos semanas la enmienda antiblindaje
El Partido Nacionalista Vasco, gracias a su alianza con ERC e IU, consiguió ayer que la Comisión de Economía del Congreso retrasara hasta el 6 de abril la votación sobre la supresión de los límites a los derechos de voto. El PSOE aceptó este aplazamiento, pese a haber alcanzado el Gobierno un acuerdo previo con CiU.
Dos semanas justas es el tiempo que han conseguido ganar aquellos grupos que se oponen a eliminar los blindajes en las empresas mediante la limitación de los derechos de voto. Para entonces, habrá pasado la junta que Iberdrola celebra estos días y también, posiblemente, se habrá resuelto el pulso que se libra por la presidencia de la CECA. La decisión se tomó ayer tarde en la Comisión de Economía del Congreso, donde el PSOE decidió ceder a la propuesta del PNV, ERC e IU de posponer el debate de la enmienda y su votación hasta el 6 de abril. De no haberlo hecho hubiera quedado en minoría, puesto que el PP también se mostró proclive a aplazar el debate. El sentir mayoritario de los diferentes grupos después de lo sucedido se resume en esta frase, pronunciada en privado por sus portavoces: "Hoy hemos sabido defender la dignidad del Parlamento".
En la noche del pasado martes, el Gobierno tenía ante sí dos posibles vías en las que transitar para superar este complejo trance. Una era aprovechar la pista habilitada por el PNV y el Grupo Mixto para aplazar la solución a este contencioso y otra era formalizar el acuerdo alcanzado con CiU, en el que intervinieron personalmente José Luis Rodríguez Zapatero y Josep Antoni Duran i Lleida el martes, para intentar contentar a las partes en litigio.
Presión del PNV
Finalmente, la presión que ejercieron los nacionalistas vascos, avalados por el Reglamento del Congreso, hizo que el PSOE se decantara por la primera opción. Dicho Reglamento prevé que el orden del día de una comisión pueda alterarse por acuerdo de ésta, a propuesta de su presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados son miembros de la misma.
La enmienda pactada por el Gobierno con CiU y que seguirá viva, salvo acontecimientos imprevistos, hasta el 6 de abril, parte de las dos condiciones que pusieron sobre la mesa los nacionalistas catalanes para fotografiarse con el PSOE en esta cruzada. En ella, se excluye a las sociedades no cotizadas de la supresión de los límites a los derechos de voto. Y para las sociedades cotizadas, esta medida no entraría en vigor hasta un año después de su publicación en el BOE.
En su literalidad, el acuerdo sellado entre el Gobierno y CiU establece que, tratándose de cotizadas, "en ningún caso podrán los estatutos sociales limitar el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo". En consecuencia, serían nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias de sociedades cotizadas en que, directa o indirectamente, se establezca dicha limitación.
Además, la enmienda establece que la sociedad cuyas acciones sean admitidas a negociación en un mercado oficial deberá adaptar sus estatutos al precepto anterior en el máximo de un año, contado a partir de la fecha de la admisión a negociación. Transcurrido dicho plazo sin que la sociedad hubiera presentado en el registro la escritura en la que conste la modificación de estatutos, se aplicaría la sanción de nulidad de pleno derecho.
Malestar ante las formas del Ejecutivo
Pocos grupos, a excepción del PNV, se han querido retratar con transparencia a la hora de encarar de verdad el trasfondo de la enmienda que suprime los límites a los derechos de voto. Pero todos, sin excepción, coinciden en el mismo diagnóstico: el Gobierno no ha sido muy hábil en la forma de encauzar este cambio normativo. Así lo confiesan también en privado no pocas voces del PSOE, perplejas ante un comportamiento que sólo sería comprensible, aseguran, si el Ejecutivo dispusiera de mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, el ex sindicalista Antonio Gutiérrez, justificó de esta forma su decisión de aplazar el debate de la enmienda, sin necesidad de votación: "Es voluntad de todos los grupos llegar a un acuerdo y tramitar la nueva norma con más tiempo y con el mayor rigor posible".El diputado vasco Pedro Azpiazu advirtió de la trascendencia que su grupo da a la iniciativa del PSOE. "Ni el Gobierno ni nadie ha hecho los acercamientos necesarios, esta enmienda puede poner en riesgo empresas como Iberdrola ya que puede permitir que gente con espíritu puramente especulativo, los llamados tiburones, la destrocen y desmantelen y la vendan, afectando a la estructura productiva".
Guerra de informes
Los diferentes grupos manejan informes donde se resume el Derecho comparado relativo a los blindajes societarios. La mayoría de ellos han sido elaborados por importantes bufetes y, lo más curioso, es que sus conclusiones difieren según qué autores los han elaborado.
