La CEOE prevé un pacto
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho

Corbacho recomienda contratar un plan privado para completar la pensión

El Gobierno reclamó ayer que el cálculo de la pensión se corresponda más con la aportación que haya hecho cada trabajador. Pese a resaltar la fortaleza del sistema público, el ministro de Trabajo recomendó contratar un plan privado como complemento.

Si me pregunta si es bueno tener un plan de pensiones privado, le digo que sí. Yo tengo uno", declaró ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en pleno debate por la futura reforma del sistema de pensiones. "No porque vaya a haber problemas, sino porque hay topes, hay una merma en el salario y un plan privado puede complementar" la prestación pública, matizó. Sus palabras suscitaron, no obstante, nuevas críticas por la imagen de inestabilidad que proyectan sobre el sistema. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, tuvo que salir a defender la posición de Corbacho remarcando que la "confianza absoluta" del Gobierno en las pensiones.

La portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó la ocasión para cargar contra el ministro comparando su afirmación con las de "los peores tiempos" del ex vicepresidente económico Pedro Solbes. Lo cierto, es que la recomendación no es nueva y que, en sus declaraciones a Telemadrid, Corbacho recalcó que "sin hacer absolutamente ninguna modificación" las pensiones están aseguradas hasta 2025. Sin embargo, la propuesta de reforma del Ejecutivo -que sugiere aumentar hasta los 67 años la edad legal de jubilación- no ha hecho más que crear controversia entre la oposición y los sindicatos, y la sugerencia de ayer sirvió para echar más leña al fuego.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, argumentó que pese "a la carga de conflicto" que tiene la iniciativa del Gobierno, las propuestas "no se retiran, se modifican", y destacó que la suya está siendo negociada en el Pacto de Toledo. Granado sí incidió, pese a todo, en la necesidad de que la pensiones que reciben los jubilados "se correspondan" más a lo que aportan mientras trabajan. La medida está en la línea de incrementar el periodo de cálculo de la pensión más allá de los últimos 15 años cotizados, aunque descartó, por "abrupto", elevar el periodo a toda la vida laboral.

Acuerdo en abril

Durante su participación en el Foro Europa, Granado se mostró contrario a reducir "indiscriminadamente" las cotizaciones que hacen los empresarios a la Seguridad Social. æpermil;sta es una de las reclamaciones históricas de la CEOE, que la pasada semana recibió una dura reprimenda de Corbacho por reclamar un contrato sin derechos para jóvenes de cara a la reforma laboral.

El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, que ya rechazó el citado modelo, aceptó ayer que la negociación se mantenga dentro de los límites marcados por el Gobierno en su documento de propuestas.

Aunque la pasada semana la CEOE reclamaba "libertad" para introducir nuevos debates en la negociación, ayer Díaz Ferrán sostuvo que la propuesta oficial "es válida y suficiente", porque incluye "todas las preocupaciones" de los empresarios. "Espero que antes de finales de abril podamos ponernos de acuerdo", avanzó, coincidiendo con los plazos que baraja Corbacho.

Ahorrar 3.000 millones en burocracia

La recién estrenada secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, presentó ayer junto al secretario general de la CEOE, José María Lacasa el informe 2009 del Proyecto de Reducción de Cargas Administrativas. Un documento en el que la patronal expone 125 medidas concretas para reducir los trámites burocráticos que, según defienden, podrían ahorrar 3.000 millones de euros al año a las empresas españolas. El equivalente al 0,3% del PIB.

Entre las propuestas destacan la reducción de datos estadísticos que recaban las administraciones públicas (que ahorraría 425 millones de euros), la eliminación de las tasas por el uso del dominio radioeléctrico (que reduciría en 100 millones el gasto) o la conexión electrónica entre comisarías y establecimientos hoteleros para la identificación de los clientes (que supone otros 40,3 millones). El documento, reseñó Lacasa debe ser "el primer escalón en la colaboración con el Ministerio de la Presidencia", que se completará con otro centenar de propuestas al año hasta 2012. Por su parte, Rumí destacó el compromiso del Gobierno para disminuir un 30% las cargas administrativas durante el presente año y su intención de seguir avanzando en dicho cometido colaborando con los agentes sociales.