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El modelo no acaba de convencer

CiU y Esquerra piden mayor participación autonómica en la gestión de políticas sociales

El modelo de ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno para el desarrollo de políticas sociales no acaba de convencer a los grupos parlamentarios. Los representantes de CiU y Esquerra Republicana reclamaron ayer al Gobierno, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión de los recursos que se destinan a dichos programas. Una petición formulada desde el año pasado y que sólo rechaza el PP. La ayuda se deduce de la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto sobre la Renta a Personas Físicas (IRPF).

Carles Campuzano, de CiU, dijo que el Gobierno vulnera su compromiso de dar más competencia autonómica en los servicios sociales. Y en la necesidad de que el contribuyente sepa a qué programas se destinan los recursos que aporta. Un reclamo apoyado por Joan Tardà, de Esquerra Republicana. Y agregó: "Queremos saber cuánto aporta cada comunidad del tributo del 0,7% del IRPF".

El secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, reconoció que el Gobierno debe hacer "un mayor esfuerzo en que el ciudadano sepa adónde va su dinero". Pero no compartió igual opinión respecto a la participación autonómica. Afirmó que ha habido un avance en este tema. El Estado recaudó 190 millones de euros en 2009 gracias a la asignación tributaria, un 40% más que el año anterior, según Moza. Estos recursos fueron entregados a 378 organizaciones sociales para el desarrollo de más de mil proyectos.

En la Comisión de Sanidad y Política Social del Congreso también se presentó un informe sobre la crisis social y el auge de la pobreza. Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, dijo que el número de personas que solicitan ayuda en la ONG se ha duplicado durante los dos años de la crisis. De 400.000 a 800.000. Los jóvenes, parados recientes y familias vulnerables son los colectivos que más piden ayudas. æpermil;stas se concentran en alimentación y vivienda. La entidad exige mayor responsabilidad política del Gobierno.

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