La construcción estima que la morosidad pública llega ya a 35.000 millones
El sector pide medidas transitorias para adaptar los plazos de pago
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, aseguró ayer en el Congreso que la deuda total de las Administraciones Públicas con todo el sector de la construcción se sitúa entre los 30.000 y 35.000 millones de euros, con unos plazos medios de cobro que alcanzan los seis meses.
Por su parte, el presidente de la patronal de las grandes constructoras Seopan, David Taguas, cifró la deuda vencida de las administraciones, aquella cuya antigüedad es superior a los 60 días, a 16.400 millones hasta finales de 2008, lo que supone un 1,5% del PIB y un tercio del total de la obra ejecutada ese año.
Al margen de estas cifras, las constructoras coincidieron ayer en destacar que si el Estado, las comunidades y los ayuntamientos cumplieran la "disciplina presupuestaria y pagaran en plazos razonables, toda la cadena productiva podría cobrar en plazos asumibles". Estas declaraciones se produjeron en el marco de una ronda de comparecencias celebradas ayer en la Comisión de Industria del Congreso, donde se debate la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU. La futura norma plantea fijar un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, eliminando además la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar esos plazos.
Lazcano señaló que "no tiene sentido hablar de días" ni les preocupa "la diatriba sobre la libertad de pacto", ya que si la administración paga en tiempo razonable, "propiciará una escalera virtuosa de cobros que se trasladaría a la fecha de cobros", informa Europa Press.
Taguas, por su parte, reclamó la adopción de medidas transitorias que posibiliten a las empresas amoldarse a los nuevos plazos. Puso como ejemplo la firma de acuerdos de pago a más de 60 días basados en convenios con las entidades bancarias que autoricen operaciones de confirming. El vocal de la Comisión de Hacienda de la Federación de Municipios y Provincias, Santiago Martínez, recordó las trabas burocráticas que sufren para la emisión de los certificados de obra.
Más control al fijar las fechas de cobro
Pese a que el sector coincide en que la situación actual es insostenible y los dilatados plazos de pago es lo que más empleo está destruyendo, existen también discrepancias. Para las grandes compañías la eliminación de la libertad de pacto supondrá un severo varapalo. Sin embargo, las pequeñas empresas ven en esa cláusula la clave para que la reforma legal en ciernes sea efectiva. El director general de la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Luis Rodulfo, fue ayer más lejos y propuso que se realice un férreo control sobre el cumplimiento de los plazos de pago. Así, reclamó que sea obligatorio que los auditores incluyan en sus informes notas sobre ese cumplimiento. También, exigió activar un proceso rápido y eficaz de reclamación y cobro de deudas más intereses.