Según Gestha

Hoja de ruta contra la economía sumergida

Gestha ha elaborado un decálogo de medidas contra la economía sumergida con el que estiman que podría aflorar buena parte de ese dinero negro existente, además de mejorar la eficiencia y el control del gasto público.

Hoja de ruta contra la economía sumergida
Hoja de ruta contra la economía sumergida

En el decálogo diseñado por los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) se incluyen propuestas para cuantificar periódicamente la economía sumergida a través de estudios y estimaciones plurianuales, fijar los objetivos prioritarios de reducción de la economía sumergida y de aumento de la eficiencia del gasto público y plantear una colaboración efectiva entre la Agencia Triburaria y las administraciones tributarias autonómicas y locales, potenciando la corresponsabilidad y el consorcio en la lucha contra el fraude fiscal.

Asimismo, proponen que las distintas administraciones territoriales compartan una base de datos tributaria, revocar la subcontratación de empresas privadas para la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la Administración del Estado o de empresas públicas y mejorar las actuaciones e investigaciones de las administraciones mediante la revisión de los procedimientos y métodos de gestión para reducir la duración de los expedientes y la litigiosidad.

Los técnicos de Hacienda proponen también la creación de un fichero de deudores tributarios insolventes, con limitación del derecho a obtener subvenciones, crear empresas, formar parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos, hasta que ingresen o garanticen las deudas, y el establecimiento de un seguimiento permanente de la situación fiscal de los contribuyentes considerados de riesgo. MEDIDAS FISCALES.

Además, Gestha apuesta por poner en marcha una batería de medidas fiscales que ayuden a prevenir el fraude y reforzar la lucha contra la economía sumergida, como eliminar las ganancias patrimoniales especulativas, principalmente las inmobiliarias y sobre valores mobiliarios del concepto de renta del ahorro para que tributen con la tarifa del Impuesto de la Renta.

Otros de estos puntos piden modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para limitar la participación en las Sicavs, suprimir la tributación al tipo fijo del 24% durante seis años de los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite que hayan fijado su residencia fiscal en España, restablecer el Impuesto de Patrimonio para los 47.614 contribuyentes que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a 1,5 millones de euros y revisar la tributación de pymes y autónomos con el fin de que se ajusten a las dificultades económicas propias de una época de crisis.

En el apartado fiscal, los técnicos de Hacienda apuestan por favorecer la innovación y la inversión en sistemas productivos más limpios mediante la concesión de importantes deducciones, por un lado, y la creación de nuevos impuestos y tasas medioambientales, por otro, que graven las emisiones de CO2 de las empresas y particulares, el uso de combustibles fósiles, los residuos contaminantes o el empleo de bolsas de plástico.

Por último, Gestha aboga por aumentar las funciones y competencias de los empleados públicos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Agencia Tributaria y establecer y concretar las funciones, cometidos y obligaciones esenciales de las relaciones de puestos de trabajo, con el fin de evitar el solapamiento de competencias y el vacío de responsabilidades.

Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) instaron hoy al Gobierno a que, en el marco del proyecto antifraude que aprobará mañana el Consejo de Ministros, ponga "la lupa" en descubrir y erradicar las actividades subterráneas, que mueven 245.000 millones anuales, y no tanto en las rentas del trabajo, las grandes corporaciones empresariales, las sociedades instrumentales, los paraísos fiscales y las grandes fortunas.

Concretamente, la Agencia Tributaria podría ingresar adicionalmente unos 38.500 millones de euros evadidos cada año "que equilibrarían las cuentas públicas y evitarían la alternativa de subir impuestos o alargar la edad de jubilación".

Asimismo, los técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podría reducir en diez puntos porcentuales la bolsa de fraude y la economía sumergida en España, actualmente estimada en el 23,3% del PIB, situándola en niveles similares a los países de la UE.