El pacto anticrisis incluye deducciones por transporte

El Gobierno propone dar préstamos directos a las pymes e incentivos fiscales a la rehabilitación de vivienda

El Gobierno ha propuesto negociar que el ICO pueda dar préstamos directos por un máximo de 200.000 euros a pymes y autónomos. Entre las medidas destaca la creación de un IVA reducido del 8% para la rehabilitación de vivienda, la creación de 350.000 empleos en el sector de la construcción durante dos años y nuevas deducciones por transporte junto con la rebaja de las tasas aéreas. Según Salgado, las medidas incluidas en el documento están "abiertas" al debate, aunque aseguró que "son las que necesita España" para recuperar la senda de crecimiento y volver a crear empleo.

La ministra de Economía Elena Salgado
La ministra de Economía Elena Salgado

æpermil;stas son dos de las medidas que ofrece discutir el Ejecutivo en las negociaciones por el pacto anticrisis, entre las que también está la de aumentar del 8% al 12% la deducciones aplicable a las actividades de innovación en el impuesto sobre sociedades y elevar en algunos casos, hasta el 60% el límite general que ya existe a esa deducción.

Elena Salgado ha ahondado en la concesión de créditos directos por parte del ICO a pymes. Según dijo, se abrirá un concurso para seleccionar a la entidad financiera, que se encargará únicamente de "comercializar" esta línea de créditos y que percibirá una remuneración por ello que aumentará el coste del crédito en "puntos básicos". Además, los intereses de estos préstamos serán "razonables" dentro de unos parámetros de "mercado".

El Gobierno ha propuesto que el ICO conceda créditos directos con un importe máximo de 200.000 euros y cobertura de riesgo del 100% y comercializados a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. "Con esta medida se conseguirá que toda pequeña empresa cuente con financiación", asegura el Ejecutivo, para el que supone un "salto cualitativo" en el respaldo público a las pymes, porque ya no es una línea, sino que va a ser el propio ICO el que atienda las peticiones de crédito en las oficinas bancarias. Asimismo, propone ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de VPO para cuando las viviendas se destinen a la venta.

En el texto, se propone además revisar antes de seis meses los distintos costes regulados del sector eléctrico y antes de que acabe este año del sistema de incentivos a las energías renovables.

"El Gobierno ofrece un conjunto de acciones extraordinarias de aplicación inmediata para favorecer el empleo en el sector que más ha sufrido su pérdida en los últimos meses, el de la construcción residencial", destaca el documento de 32 páginas, que aborda en primer lugar propuestas para fomentar la rehabilitación de vivienda.

"Se trata de acciones centradas en la construcción sostenible", incide el Ejecutivo, que recuerda que más de la mitad del parque inmobiliario tiene ya una antigüedad superior a los 30 años. Así, las acciones apuestan por la rehabilitación de viviendas y edificios y se ven completadas por formas nuevas de financiación para la construcción de vivienda protegida.

De este modo, plantea la reducción del tipo del IVA al 8% para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda durante dos años, a partir de 1 de julio, así como una deducción extraordinaria del IRPF del 10% por obras de mejora de la vivienda que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, a los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros.

Esta deducción se aplicará a las obras hasta 31 de diciembre de 2012, con un límite de 12.000 euros por vivienda. A partir de dicho umbral de renta, el importe de la deducción irá decreciendo hasta su desaparición. El Gobierno estima que el conjunto de estas actuaciones permitirán la creación de, al menos, 350.000 empleos en los próximos dos años, que se sumarán a los que generará este año el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local y otras iniciativas.

Por otra parte, en el texto el Gobierno se compromete a "acelerar" el proceso de reestructuración del sistema financiero y para ello agilizar el uso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El texto no incluye ninguna mención a una posible reforma de la Ley de ârganos de Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) ni a la reestructuración de las entidades, que el Gobierno confía en ver completada en el primer semestre de este año, y centra todas las propuestas en el ámbito de la financiación de las empresas.

Asimismo, y junto al compromiso de reducir a 30 días el plazo de pago de las facturas que deban a las pymes y autónomos las Administraciones Públicas y a 60 el que debe hacerse entre empresas, el documento contiene el compromiso de crear el registro de facturas en las administraciones locales. Asimismo, se establecerá un procedimiento específico y ágil para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas si se supera el plazo máximo de pago, incluyendo en su caso el cobro de los intereses de demora. También incorpora mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administración General del Estado (AGE) comunidades autónomas y corporaciones locales que permitirá que los interventores requieran a los órganos gestores la tramitación en plazo de los expedientes. Así, el Pleno de las Corporaciones Locales recibirá trimestralmente información sobre las facturas pendientes de pago.

El documento remitido a los partidos para empezar a negociar a partir del miércoles contiene asimismo iniciativas que buscan aumentar el peso de la industria en el PIB, que actualmente es del 15,5%, para que alcance el 18%. Para lograrlo, se presenta el Plan Integral de Política Industrial 2020, con medidas en ámbitos como la regulación, la reducción de cargas, la logística o las infraestructuras.

Se pretende, en este ámbito, fomentar los procesos de consolidación y crecimiento de las pymes industriales, teniendo en cuenta tanto los sectores tradicionales como los emergentes.

Un apartado aparte tiene el sector del automóvil, que según recuerda el Ejecutivo es la principal industria exportadora del país, y dentro de éste se planea el diseño y programación presupuestaria plurianual del Plan de Competitividad de la Automoción.

Además se incluye el diseño del Plan Integral del Vehículo Eléctrico que pretende potenciar esta industria y en el que se incluye el compromiso de que las Administraciones Públicas adquieran este tipo de coches.

Deducciones por transporte y rebaja de tasas aéreas

El documento incluye varias exenciones fiscales además de las citadas, como la de eximir al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie las cantidades que su empresa abone para sus desplazamientos entre su vivienda y el lugar de trabajo a través del transporte público, con un límite de 1.500 euros anuales.

También se incide en la rebaja de las tasas de navegación aérea, acelerando la tramitación de la norma legal por la que se regula la prestación de servicios de transito aéreo con el fin de reducir a 2 años el período para la rebaja de las tasas de navegación aérea en un 15%.

Recorte de altos cargos y empresas públicas

El Gobierno aprobará antes del próximo 10 de abril un programa de racionalización de la Administración General del Estado que contendrá medidas de reducción de altos cargos con el fin de asegurar que el capítulo de gastos de personal sea en 2013 un 4% inferior a la cuantía de 2010.

Según consta en el documento remitido por el Gobierno a la oposición para negociar acuerdos en materia económica, el Ejecutivo aprobará también con el mismo plazo un programa de racionalización del Sector Público Empresarial que preverá medidas destinadas a reducir el número de empresas públicas mediante un proceso de fusiones y concentraciones.

Este programa también implicará una reducción del número de cargos directivos de las empresas públicas y miembros de sus consejos de administración, así como la revisión de las retribuciones de los directivos de las empresas públicas. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, anunció en rueda de prensa que este plan se presentará "en la primera semana de abril, después de Semana Santa" y no se traducirá en una reducción del número de Ministerios.

Salgado: las medidas no elevarán el déficit público

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró hoy que la menor recaudación por los incentivos fiscales a la rehabilitación a través de rebajas del IVA "se verá más que compensada" por la creación de empleo y la reducción de la factura energética, y que los créditos que concederá el ICO sin límite dotacional tampoco serán cubiertos con financiación de los mercados, con lo que ninguna de estas iniciativas aumentará el agujero del déficit.