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Condicionará la participación de Caja Burgos en Banca Cívica

Castilla y León ultima un decreto para frenar las fusiones virtuales

El Consejo Económico y Social de Castilla y León evaluará mañana un proyecto de decreto que permitirá al Gobierno regional frenar cualquier fusión virtual, como la que está sondeando Caja Burgos con Caja Navarra y CajaCanarias. Sa Nostra renunció ayer a participar en esta alianza.

Castilla y León ultima un decreto para frenar las fusiones virtuales
Castilla y León ultima un decreto para frenar las fusiones virtualesEFE

La Junta de Castilla y León apura la aprobación de una nueva herramienta legislativa que le servirá para frenar a las cajas de ahorros regionales que planteen alianzas virtuales.

El Ejecutivo autonómico ha remitido al Consejo Económico y Social un proyecto de decreto que desarrolla las exigencias que podrá imponer a cualquier entidad de ahorro regional que plantee un fusión a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP).

Precisamente, esta modalidad de integración es la que ha planteado Caja Burgos para participar en el proyecto Banca Cívica, junto con Caja Navarra y CajaCanarias, una vez que ayer el consejo de Sa Nostra rechazara su participación en esta alianza. El jueves pasado, el consejo de la entidad burgalesa debía pronunciarse sobre la incorporación a este grupo pero la falta de consenso obligó al presidente, José María Arribas, a posponer la votación.

Más información
Borrador del Anteproyecto del Decreto SIP

En el borrador del decreto hay importantes restricciones a las fusiones virtuales. Entre los requisitos establecidos para que un SIP obtenga el visto bueno de la Junta está la obligación de que "se garantice la continuidad de las obras sociales de la caja", que la adhesión "no suponga una desvinculación de la caja solicitante respecto del territorio de Castilla y León" y que "no afecte negativamente a la competencia efectiva en el mercado del crédito de la comunidad".

Explicaciones del consejo

Entre las exigencias formales, llama la atención la obligación impuesta al consejo de informar sobre si algunos de sus miembros "se hubieran opuesto" a la participación de la caja en el SIP, "así como los motivos" de la oposición.

Además, deberán informar sobre "las posibilidades de renuncia de la entidad a su permanencia en el sistema con posterioridad a su adhesión, momentos en los que tal renuncia podría ejercitarse y consecuencias de dicho ejercicio". El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha asegurado que los SIP son "difícilmente irreversibles".

Para terminar de cubrirse las espaldas, la Junta ha incluido una disposición transitoria que certifica la retroactividad de la norma respecto a las fusiones virtuales que ya están en marcha. Esta semana será clave para el futuro de las cajas castellanoleonesas. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tratará de convencer a los máximos responsables de Caja Burgos, Caja Segovia y Caja Ávila, para que estudien una fusión a tres bandas, que más tarde podría participar en una operación interregional.

Hoy, además, se reanudan las conversaciones de la Xunta con el Gobierno central a propósito de la ley de cajas gallega. Uno de los artículos recurridos está referido a los SIP. Ayer, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo pidió equidad e ironizó con que, si al Ejecutivo le gusta más la ley andaluza, "la podemos copiar.

La UE ya estudia la unión liderada por Caixa Catalunya

Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa ya han presentado su propuesta de fusión al Banco de España y a Bruselas, que la están estudiando, informaron a Europa Press fuentes del sector. El texto definitivo mantiene la petición de 1.315 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).Esta cifra supone el 2,5% de los activos ponderados por riesgo de la nueva entidad, por lo que requerirá un análisis individualizado por parte de las autoridades comunitarias. Con todo, Bruselas no prevé prolongar el estudio mucho más allá de los casos en los que la petición al FROB no supera el 2%. Lo que sí afectará en mayor medida a la operación serán los requisitos extra que se les exigirán una vez accedan a los fondos del FROB, como límites en la aportación a la obra social y en las retribuciones de los directivos. La fusión supone el recorte de 395 oficinas y 1.300 puestos de trabajo.

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