El Gobierno recortará la financiación a los municipios que no reduzcan el déficit
El Gobierno ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de acuerdo para incorporar a los ayuntamientos en el objetivo de reducir el déficit. En el documento al que ha tenido acceso CincoDías aparece la posibilidad de que el Ejecutivo reduzca las transferencias a los ayuntamientos que no cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria.
El recorte afectaría a aquellas partidas que "no vengan determinadas por normas vigentes o acuerdos exigibles." El texto enviado a los ayuntamientos es muy parecido al que también recibieron las comunidades. El Gobierno pretende que las administraciones territoriales contribuyan con 10.000 millones de euros al recorte presupuestario de 50.000 millones hasta 2013 que el Consejo de Ministros aprobó hace quince días.
La FEMP y el Ministerio de Economía discutirán la propuesta en la Comisión Nacional de Administración Local. El Ejecutivo también insta a los ayuntamientos a informar trimestralmente de los pagos atrasados a sus proveedores. Esta obligación también rige para la Administración central y autonómica. El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible contempla que las administraciones reduzcan paulatinamente el plazo de pago de sus facturas. El objetivo es que en 2013, el sector público pague a 30 días como máximo. De todas las administraciones, los ayuntamientos son los que tienen más problemas para abonar a tiempo sus deudas.
Control de los salarios
Si se aprueba la propuesta con su redacción actual, los ayuntamientos deberán presentar en el plazo de tres meses un "plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos con el objetivo de reducir el gasto público". En 2009, las corporaciones locales registraron un déficit del 0,5% del PIB y el Gobierno quiere reducir esa cifra al 0,2% en 2013.
Además, Economía insta a los ayuntamientos a que todas las actuaciones en materia retributiva se instrumenten a través del "oportuno y necesario proceso de diálogo social". El Gobierno reclama "una política de contención de los gastos de personal".