Le exige 26 millones por un híper no construido

Un juez interviene Inmochan para que pague a Llanera

Intervenida judicialmente. El juez que instruyó el concurso de Llanera ha decidido tomar el control de Inmochan, la filial inmobiliaria de Alcampo, para cobrar los 26 millones que le debe a la promotora valenciana por un centro comercial no construido.

El juez que instruyó el concurso de acreedores de Llanera, Fernando Presencia, intervino ayer judicialmente la sociedad Inmochan España, la inmobiliaria del grupo Auchan (Alcampo), para garantizar el cobro de los 26 millones de euros que adeuda la empresa a la promotora valenciana.

El origen de esta deuda es un contrato entre ambas empresas para la construcción de un hipermercado en un desarrollo urbanístico en la localidad de Catarroja (Valencia). Ese PAI, conocido como Nou Mil.leni, está paralizado judicialmente por falta de recursos hídricos.

Inmochan entendió que, al no cumplirse los plazos de construcción de su centro comercial, el contrato estaba incumplido. Sin embargo, en un conflicto que se arrastra desde el inicio del concurso de Llanera, el juez considera que la filial del grupo francés debe pagar la cantidad acordada, 20 millones, más otros seis por intereses de demora. Así lo dictó en una sentencia del pasado 1 de julio.

La decisión del juez de intervenir judicialmente Inmochan, contra la que no cabe recurso, supone que, a partir de ahora, la administración de la empresa está en manos de una comisión. Estos administradores judiciales se encargarán de controlar que cada céntimo que llegue a la compañía, tras atender los pagos prioritarios, como los sueldos de los empleados, se destine a saldar la deuda con Llanera. El juez ya había embargado bienes a la filial de Auchan como garantía, sin embargo ahora lo que se persigue no es hacer líquidos estos inmuebles si no controlar las rentas que obtiene Inmochan por las propiedades, es decir, los alquileres.

La intervención es, de hecho, la vía para ejecutar la sentencia que dictó el propio juez el año pasado, por la que se exigía el pago de la deuda a Inmochan, pese a que la firma francesa la tiene recurrida. Además, llama la atención la celeridad con que el juez está actuando para que Llanera cobre esta deuda. No en vano, estos 26 millones de euros son parte fundamental para la supervivencia de la inmobiliaria propiedad de la familia Gallego, según el plan de viabilidad del convenio de acreedores aprobado.

En la tramitación del concurso, el juez consideró que obligar a Inmochan a pagar los 20 millones de euros del contrato iba en beneficio de la masa acreedora, desestimando así las alegaciones del grupo francés que consideraban que varias cláusulas les permitían abandonar el proyecto.

"¡Que entre la Guardia Civil!"

La vista que se celebró ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia tuvo un momento tenso cuando el juez, Fernando Presencia, retiró la palabra al abogado de Inmochan, del bufete de Garrigues, y lo expulsó de la sala llamando a dos guardias civiles que estaban a la puerta de la sala desde el inicio. Fuentes de Inmochan calificaron la decisión de "desproporcionada", al tiempo que criticaron la actuación del juez.

Las dos partes están enfrentadas prácticamente desde que se presentó el concurso. Inmochan denunció el contrato en un juzgado de Xàtiva, sede de Llanera, por considerar que la inmobiliaria lo había firmado a sabiendas de que no lo podía cumplir. El caso sigue pendiente. Por otro lado, la representación del grupo francés también presentó una querella por prevaricación contra el juez, que fue desestimada. Ahora no descartan recurrir al Consejo General del Poder Judicial por entender que el magistrado es parcial.