Paul McNulty

"La corrupción debe ser castigada con penas de cárcel"

La lucha contra el soborno se intensifica en todo el mundo y también en España, donde se acomete una reforma del Código Penal

"La corrupción debe ser castigada con penas de cárcel"
"La corrupción debe ser castigada con penas de cárcel"

Paul McNulty se incorporó a la oficina de Baker & McKenzie en Washington DC en 2007, tras una larga trayectoria en la Administración. Hoy preside el comité de dirección del área de la firma dedicada a Cumplimiento Empresarial Internacional (Corporate Compliance). Desde 2005 hasta 2007 ocupó el cargo de adjunto del fiscal general de EE UU, desde donde supervisó distintas causas abiertas contra grandes empresas por la comisión de delitos de corrupción y promovió una iniciativa nacional para combatir la corrupción en la contratación administrativa. Acaba de pasar por España, donde la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso supondrá que, en la misma línea de EE UU, las empresas sean penalmente responsables, tanto de sus propios delitos como de los cometidos por sus empleados.

En EE UU ya se aplican sanciones penales para las empresas y los directivos que cometan delitos de soborno. ¿Tiene un especial interés su país en que este tipo de legislación se extienda a otros países como España?

Totalmente, porque las empresas de países que no frenan la corrupción pueden tener ventajas injustas a la hora de negociar un contrato por ejemplo. Y eso es algo que preocupa a las compañías estadounidenses. Por eso piden que se trate de una legislación lo más global que sea posible y evitar las desventajas competitivas.

. ¿Las leyes penales para empresas y directivos son recientes o ya se aplican desde hace tiempo en EE UU?

Es algo que ya lleva tiempo, pero está recibiendo especial atención en los últimos cinco años aproximadamente.

¿Por qué se le presta más atención en estos últimos cinco años?

Pues en primer lugar por la mayor atención en EE UU en la aplicación de la ley antisobornos y cualquier conducta que pueda ir contra los intereses de los inversores. La preocupación por estos temas suscita un interés muy especial en estos últimos cinco años en los que se ha llegado a la conclusión de que la corrupción debe castigarse con penas de cárcel.

¿El hecho de que en EE UU exista una ley antisobornos significa que se han producido muchos? ¿Qué tipo de empresas son las más proclives a cometerlos y en qué países es más común?

Es cierto que hay países en los que la corrupción está más extendida que en otros, pero es algo que puede ocurrir en cualquier sitio. La ley de EE UU se aplica a las empresas estadounidenses, a sus filiales en otros países e incluso a empresas extranjeras que coticen en nuestros mercados, como Telefónica o Repsol, por ejemplo. En algunos países la tentación de pagar sobornos o la expectativa de los funcionarios de recibirlos es muy alta y es algo con lo que hay que luchar.

Una iniciativa del Pacto Mundial ya contempla la lucha contra la corrupción como una acción voluntaria dentro de la RSC de las empresas, ¿qué opina de ello?

Creo que es muy válida, pero tal vez este pacto de naturaleza voluntaria sea insuficiente para asegurarse de erradicar la corrupción. Es necesario que existan además penas de cárcel y también lo es que no sea algo que sólo exista en EE UU sino que esa legislación se impulse por ejemplo desde la OCDE y que la mayoría de los grandes países lo apliquen.

¿A qué penas de cárcel se enfrentan las empresas que sean acusadas de corrupción?

En EE UU existen penas tanto para las personas como para la propia empresa que, aunque no puede ir a la cárcel, se enfrenta a penas muy severas, como prohibirle vender sus productos por ejemplo. Fuera de EE UU esa idea de responsabilidad de la empresa es menos común, pero es algo que está cambiando poco a poco, por ejemplo en Gran Bretaña o en España.

"Prevenir el riesgo aligera la condena"

Paul McNulty afirma que la legislación antisoborno de EE UU ha evitado muchos delitos y que cada vez más las empresas se preocupan por establecer planes de contingencia. Así, no sólo muestran su responsabilidad, sino que en un eventual incumplimiento, sus penas serían evitables o, al menos, más bajas.

Desde su experiencia como ex fiscal y ahora abogado, ¿cómo aconseja a las empresas que se preparen para evitar una posible condena por corrupción?

Yo estuve en la oficina del fiscal general y se me sometían los casos de corrupción y me función era analizar el caso para decidir si llevaba a juicio. Se podía decidir acusar a los individuos o a la empresa en sí, pero se tenían en cuenta determinados factores -hasta nueve- para decidir si imputarles o no. Por eso, lo mejor que puede hacer la empresa, y para eso es fundamental la ayuda de los abogados, es establecer un plan de prevención y persecución interna de la corrupción. Es fundamental para que los fiscales no persigan penalmente a la empresa.

¿No existe el riesgo de que las empresas establezcan estos sistemas porque saben que les puede evitar una condena penal y así poder realizar sobornos con más tranquilidad?

Sí, potencialmente. Pero el fiscal sabe lo que es sólo un papel o lo que es serio. Incluso en caso de que sólo lo hagan por si acaso y su compromiso no sea real, algo se logrará.