Archivada la querella contra Botín y Rato por la compra de Aguas de Fuensanta

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha acordado archivar la querella por la compra del 42,9% de Aguas de Fuensanta por parte de Banesto a la familia Rato, en la que estaban imputados entre otros el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el actual presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato.

El juez José Sierra afirma que "no existen motivos" para creer que en esa operación de 1999 -que ascendió a 769,94 millones de pesetas- ni en la venta posterior de un edificio de Banesto a una sociedad independiente de los Rato se produjeran delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho o negativa a socio del derecho de información, como sostenían los querellantes.

Según la querella criminal, la operación de Aguas de Fuensanta tenía el objetivo de "ganarse el favor de Rodrigo Rato", entonces ministro de Economía, dado que el precio que se pagó fue desorbitado para una sociedad en "quiebra técnica" y buscó cancelar los créditos de la familia Rato con Banesto.

En un auto del 5 de febrero, el juez sostiene que el precio abonado por Banesto (769,94 millones de pesetas) por el 43% de Aguas de Fuensanta a través de varias operaciones y que se destinó en parte a la cancelación de deudas "no es desproporcionado ni irrazonable" y "realmente estaría plenamente ajustado" a la valoración de la empresa que hicieron los peritos judiciales durante la investigación.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid recuerda que, según el método de valoración por flujos de caja, los peritos asignaron a Aguas de Fuensanta un valor de entre 1.000 y 2.000 millones de pesetas.

Por tanto, cree que se "puede justificar la actuación" de Banesto, ya que los 1.794 millones de pesetas en que se valoró Aguas de Fuensanta tras la compra del 43,9% del capital por parte del banco serían superiores a los 1.650 millones de pesetas ofrecidos por Aguas de Perrier Vittel (grupo Nestlé), cuya compra se frustró, aunque inferiores a los 2.000 millones propuestos por la cervecera Damm.

Además, el juez considera que "la operación realizada ha de estimarse dentro de la razonabilidad y puede afirmarse que habría sido una buena alternativa para los intereses del banco y de la contraparte", que negociaban cómo resolver los impagos de un crédito de 600 millones de pesetas concedido a la familia Rato y que había vencido en abril de 1998.

El juez relata que Banesto, "ante los riesgos de ejecutar la prenda (las acciones de Aguas de Fuensanta) y no satisfacer su derecho optó por la compra, consiguiendo una posición de control de la mercantil, reembolsó en su totalidad el préstamo y anuló el riesgo crediticio".

Así, afirma que logró evitar una pérdida de 387 millones de pesetas y "solventó los problemas de cobro de una deuda", pese a que tuvo que realizar provisiones.

Del total pagado por Banesto por la adquisición de Aguas de Fuensanta, el juez considera que el "coste" fueron únicamente 205 millones de pesetas, que es la cantidad que fue a parar a la familia Rato tras la cancelación de los importes que adeudaba al banco, 564,4 millones de pesetas, de los 600 millones que inicialmente se le habían prestado.

Por tanto, el juez defiende que las "operaciones complejas" que se realizaron para adquirir el 36,89% de Aguas de Fuensanta de forma directa y el 6% de forma indirecta "se enmarcarían en el principio de libertad de actos en la actuación mercantil" que "responden a operaciones de opción cuyo coste global no es desproporcionado ni irrazonable".

A raíz de la presentación de la querella por Francisco Franco, Antonio Panea y Javier Sotos (que han impulsado numerosas causas contra el Banco Santander), fueron citados como imputados en mayo de 2008 otras 15 personas, entre las que figuran el consejero delegado del Santander y ex presidente de Banesto Alfredo Saénz; Jaime Botín, hermano de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y Ramón Rato, hermano del ex ministro de Economía Rodrigo Rato.

Los querellantes presentaron hoy un recurso de reforma contra la decisión del juez de sobreseer provisionalmente las actuaciones y declarar el archivo de la causa.