El Gobierno reduce la obligación de producir luz con carbón un 18,5%

El Consejo de Ministros tiene previsto debatir y, previsiblemente, aprobar hoy el real decreto del carbón. En principio, el texto reservará 22.000 GWh para la producción con mineral nacional, un 18,5% menos que lo previsto en el borrador inicial.

El Consejo Ministros tiene previsto debatir hoy el real decreto que establece la prioridad del carbón nacional en la producción de electricidad a un precio regulado. Y, si no hay cambios de última hora, lo más probable es que lo apruebe, según avanzan fuentes gubernamentales.

El texto final que ha elaborado el Ministerio de Industria incluye algunas modificaciones sobre el que se presentó inicialmente, después de que el departamento que dirige Miguel Sebastián haya decidido introducir mejoras en línea con las recomendaciones planteadas por algunos de los organismos que han sido consultados, como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Así, el Ejecutivo ha optado por reducir el volumen de energía que las eléctricas están obligadas a producir con carbón nacional. En concreto, la última versión del texto recorta un 18,5% la cantidad inicialmente prevista y la deja en 22.000 GWh, explicaron fuentes conocedoras del decreto.

También se han revisado los precios a los que se pagará la producción de las térmicas de carbón autóctono, que en la primera versión de la norma fijaban un coste medio del MWh de 57,33 euros. En principio, se ha optado por explicitar sólo los precios para este año. Los correspondientes a 2011 y 2012 se irán ajustando en el ejercicio correspondiente. Además, se ha procedido al desglose y cuantificación de los factores (el coste del CO2 , por ejemplo) que determinan el precio asignado a cada central afectada.

Con los ajustes en los precios y en el volumen de energía reservada al carbón, el Gobierno pretende reducir los costes que tendrá la medida y su impacto sobre la factura eléctrica. Según Competencia, el decreto original suponía unos sobrecostes de 1.200 millones.

Otra de las novedades que, en principio, va a incluir la norma es la incorporación de la central de Elcogás a la lista de las nueve térmicas que recogía el borrador de decreto que se remitió al regulador. Esta planta, ubicada en Puertollano (Ciudad Real), usa una tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado (gasifica el carbón). Es decir, que no se puede considerar una térmica convencional, razón por la que no fue contemplada en la redacción inicial de la norma. Sin embargo, sí es una planta que consume mineral nacional.

Las fuentes consultadas señalaron que, además de estos cambios, también se han incluido los mecanismos necesarios para que las eléctricas consuman no sólo las cantidades de carbón comprometidas cada año en el Plan del Carbón hasta 2012 sino también el stock que se ha ido acumulando en estos meses en los que las centrales no han estado quemando el mineral nacional.

Las eléctricas tienen almacenados unos siete millones de toneladas de carbón en los parques de sus centrales térmicas. A estos hay que añadir los cerca de tres millones de toneladas acumulados en las instalaciones de los grupos mineros afectados (Victorino Alonso, Viloria y Hullera Vasco-Leonesa, principalmente) y que están bajo la gestión de la empresa pública Hunosa.

Para tratar de desbloquear de forma temporal la crisis generada en el sector por el parón de las centrales térmicas provocado por la caída del demanda, el Gobierno acordó en julio del año pasado que Hunosa comprara y gestionara el mineral no consumido por las eléctricas. Aunque estaba previsto que sólo comprara un máximo de dos millones de toneladas por unos 110 millones, fuentes del sector minero afirman que el grupo público ya ha desembolsado unos 166 millones y gestiona más de tres millones de toneladas. La medida, que en principio era para seis meses, se prorrogó a finales de año por otros tres meses más.

Una semana en medio de la confusión

El Consejo de Ministros tenía previsto ya el viernes pasado aprobar el polémico decreto sobre el carbón, criticado por la CNE y CNC en sendos informes y aprobado por el Consejo de Estado. æpermil;ste, no obstante, introdujo algunas dudas sobre su coste y la necesidad de esperar una respuesta a la prenotificación que, supuestamente, había enviado Industria a la Comisión Europea y que ésta no reconoce haber recibido. Según fuentes del sector, en el Gobierno hay división: entre los que quieren esperar a que se pronuncia la UE sobre si se trata de una ayuda de Estado y los que prefieren una aprobación "suspensiva", condicionada a lo que después diga ésta.En medio de un proceso complicado, el presidente de la CNC, Luis Berenguer sembró la confusión el martes al asegurar que el Gobierno le había vuelto a pedir un informe, lo que, finalmente, resultó un malentendido.

La cifra

166 millones es lo que ha pagado Hunosa desde julio para comprar el carbón, que las eléctricas deberán consumir cuando se apruebe la norma.