A fondo

El PSOE pone el viento fiscal a favor del PP

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Que la batalla electoral de mayo del año que viene y la prevista para las legislativas de 2012 van a estar condicionadas por las propuestas fiscales de los dos principales partidos ya se puede anticipar. Y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a jugar en ambas campañas con desventaja también parece evidente, a no ser que de aquí a la cita con las urnas, al calor de la economía sostenible, el PSOE despliegue todos sus encantos para convencer a los ciudadanos de las ventajas, y también de la necesidad, de aumentar la presión fiscal ahora que la recaudación de algunos impuestos refleja caídas superiores al 30%.

Para justificar su propuesta de rebaja selectiva de impuestos, registrada esta semana en el Congreso, el PP establece comparaciones entre lo sucedido en los gobiernos de José María Aznar y la experiencia de los gabinetes que presidió Felipe González, como si las circunstancias fueran las mismas. Durante el primer periodo, argumenta el principal partido de la oposición, se demostró que las reducciones impositivas pueden estimular la actividad económica, ampliar las bases tributarias y favorecer el aumento de la recaudación.

Así, la reducción de la tributación por el IRPF posibilitó un aumento de la recaudación del 50%. La rebaja del tipo efectivo en el impuesto sobre sociedades, a través de la creación de deducciones y del tratamiento diferencial favorable a las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, multiplicó la recaudación por tres.

Y el aumento de la renta disponible en manos de los contribuyentes, así como el número de ellos, permitió que los ingresos derivados del IVA se duplicaran. Todo ello fue posible, concluye el PP, gracias a una adecuada gestión tributaria y a una decidida política de lucha contra el fraude.

Frente a esta política fiscal, los populares contraponen la experiencia de los gobiernos que presidió Felipe González, a los que achaca una estrategia errática basada en la subida de impuestos.

La evidencia empírica demuestra que aumentos impositivos pueden traer consigo reducciones en la recaudación, esgrime el PP como argumento. El equipo económico de este partido toma como referencia los años 1992 y 1993, en los que el tipo general del IVA pasó del 12 al 15% y la recaudación por este impuesto descendió un 11%. Y, a pesar de ello, y de las advertencias hechas por algunos organismos internacionales, como la OCDE, de que las subidas tributarias pueden comprometer la recuperación económica, el Gobierno ha decidido promover lo que el partido de Mariano Rajoy califica como "el mayor incremento de impuestos de la democracia".

La ofensiva del PP puede tener su efecto electoral, en realidad es lo que busca con ella, sobre todo teniendo en cuenta la creciente pérdida de credibilidad del Gobierno en política económica y su firme voluntad de emitir a los mercados un mensaje de solvencia que implica recoger velas en lo que afecta a la estrategia de gasto público mantenida desde el inicio de la crisis.

De hecho, el aumento de impuestos que incorporan los Presupuestos estatales vigentes no responde esta vez a ninguna ocurrencia del presidente del Gobierno ni de su equipo económico, sino al convencimiento profundo de que los recursos necesarios para financiar sus compromisos sociales y, en particular, las partidas para pagar el desempleo, con un volumen para este año no inferior a los 30.000 millones de euros, no podrían afrontarse sin mayores ingresos.

A futuro, la ecuación se despeja con claridad a partir de dos variables objetivas: el progresivo envejecimiento de la población española y la pérdida irreparable de los ingresos que Hacienda ingresaba como consecuencia del negocio inmobiliario.

Este panorama aconsejaría desconfiar de quienes descartan con aparente energía nuevas subidas de impuestos. De hecho, el Gobierno ya no lo hace. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha dejado entrever que no habrá novedades al respecto "en un tiempo razonable", que no ha llegado a precisar. Los técnicos que le asesoran pueden estar pensando en 2010, pero ni siquiera este periodo de tregua está garantizado. En realidad, nada hay seguro, porque fuentes gubernamentales reconocen que si se decidió fijar la subida del IVA en el mes de julio fue por ganar tiempo para disponer de mayor visibilidad sobre la evolución de la crisis, dando a entender que sería una opción razonable sólo en caso de que para entonces se haya recuperado el consumo.

Presión tributaria

Mientras tanto, el PSOE sigue careciendo de un discurso bien articulado sobre la política fiscal, entre otras razones porque aún no se ha repuesto de la dura excursión que va de defender que bajar impuestos es de izquierdas a mantener justamente lo contrario: que el aumento de la presión fiscal favorece a los más débiles.

En los próximos meses, el partido gubernamental participará en una ambiciosa ofensiva para explicar a los ciudadanos la futura ley de Economía Sostenible, pero no tiene nada proyectado para ayudar a comprender las razones últimas que le llevan a apostar por un aumento de la presión fiscal en coyuntura tan compleja.

De ahí que el Partido Popular pueda seguir navegando con el viento electoral a favor por mucho que sus comparaciones entre experiencias pasadas puedan ser cuestionadas por la lógica de los ciclos.