Las constructoras medianas piden que el plan extraordinario de Fomento no beneficie sólo a las grandes
Las medianas constructoras integradas en la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) han solicitado al Ministerio de Fomento que su plan extraordinario de inversión en infraestructuras de 15.000 millones de euros "ayude a todas las empresas y no sólo a las grandes".
La patronal demanda que el plan, que se abordará en colaboración con la iniciativa privada, cuente para ello con nuevos criterios de licitación y adjudicación "más equilibrados".
Así se lo transmitió el presidente de Anci, Jaime Lamo de Espinosa, al ministro de Fomento, José Blanco, durante el acto de entrega de los premio que la patronal concede anualmente a tesis doctorales, informó hoy la asociación.
De su lado, Blanco en su intervención, aseguró que el plan requerirá un "compromiso anual de recursos del Estado relativamente pequeño".
La financiación de los proyectos se adelantará por parte de la iniciativa privada a través de contratos de concesión, mientras que Fomento garantizará que los proyectos encajen en los criterios de financiación actuales, asegurando que los riesgos que asuman las constructoras sean "definidos y previsibles".
"Los agentes privados aportarán los recursos necesarios para abordar proyectos financiables, asumiendo riesgos de disponibilidad y construcción que serán definidos de forma previsible. Por su parte, el Estado abonará las inversiones en el largo plazo con un compromiso anual de recursos relativamente pequeño", explicó Blanco.
El plan extraordinario de infraestructuras, que Blanco prevé presentar "pronto", una vez que cierre la batería de proyectos y los acuerdos de financiación con el BEI, el ICO y la banca comercial, será adicional a la inversión de 19.000 millones de euros prevista por Fomento para 2010 en los Presupuestos Generales del Estado.
Fomento confía en que el plan no compute en déficit al ser financiado mediante el sistema concesional. Según indican en fuentes del sector, Fomento busca que el BEI aporte alrededor del 50% de la financiación, el ICO otro 20% y el 30% restante se reparta entre las empresas privadas y la banca comercial.