Aprueba un real decreto

El Gobierno deroga diversas normas estatales de acceso a actividades turísticas

El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio, decisión que se inscribe en el marco del proceso de transposición de la Directiva de Servicios en materia de Turismo.

Concretamente, esta derogación se produce con el objetivo de que las comunidades autónomas y otras administraciones competentes en materia de turismo puedan adaptar sus correspondientes normas a la legislación comunitaria.

Actualmente, las normas estatales que subsisten en materia del acceso a actividades turísticas se concretan en una serie de decretos, reales decretos y órdenes ministeriales, algunas de ellas preconstitucionales, que virtualmente no tienen aplicación dado el marco constitucional de aplicación de competencias.

Según el ordenamiento español, son las comunidades autónomas las que poseen la competencia para la ordenación del turismo en su ámbito territorial, y "así debe de continuar siendo en el proceso de adaptación a la Directiva de Servicios de 2006", concretó el Gobierno.

No obstante, hasta el momento actual habían regido como derecho supletorio en este ámbito las normas estatales cuya derogación se pretende con el actual Real Decreto, es decir, normas aplicables con carácter subsidiario para cubrir posibles lagunas en el marco jurídico del turismo.

Corresponde, por tanto, a las comunidades autónomas, ejercer la competencia para la elaboración o la modificación de las normas pertinentes y así incorporar a sus respectivos ordenamientos lo dispuesto en la Directiva de Servicios. En consecuencia, se hace necesario derogar la normativa estatal.

Algunas de las normas derogadas son el Decreto por el que se aprueba el Estatuto ordenador de las Empresas y de las Actividades Turísticas Privadas, de 1965; el Decreto de medidas de ordenación de la oferta turística, de 1964; el Real Decreto de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales, de 1982; el Real Decreto sobre ordenación de establecimientos hoteleros, de 1983 y el Real Decreto por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes, de 1988.