Campaña de desobediencia masiva

Los internautas españoles declaran la guerra al Gobierno por la ley antipiratería

Las asociaciones de internautas y cientos de "blogueros" españoles se declararon hoy en pie de guerra contra las medidas previstas por el Gobierno para impedir las descargas ilegales de películas y canciones por internet, que incluyen el bloqueo o cierre de las webs que facilitan la piratería.

Diversas asociaciones de internautas, colectivos ciudadanos y expertos en internet anunciaron en Madrid la creación de "Red SOS-tenible" como respuesta de la "sociedad civil" a la ofensiva del Gobierno para proteger la propiedad intelectual en internet.

Los internautas promoverán una campaña de "desobediencia masiva" ofreciendo a cualquiera que tenga un blog o página web la posibilidad de insertar un buscador de descargas de canciones y películas.

El Gobierno presentó el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que incluye una reforma legal que acelerará el bloqueo o cierre de páginas web, por orden de un juez , si se comprueba que permiten a los usuarios descargar gratis contenidos protegidos por derechos de autor.

Según el procedimiento propuesto por el Gobierno, que aún debe ser refrendado por el Parlamento para entrar en vigor, los titulares de los derechos de las obras pirateadas -artistas, compañías discográficas o cinematográficas- podrán denunciar la actuación de esas web ante la Comisión de Propiedad Intelectual.

Esta Comisión de nueva creación, formada por expertos y dependiente del Ministerio de Cultura, estudiará la denuncia y la enviará a un juez que, en un plazo de cuatro días, deberá decidir si cierra o bloquea la web.

En una entrevista con EFE, la ministra española de Cultura, Ángeles González Sinde , cifró el pasado sábado en unas 100 o 200 las páginas "piratas" que podrían verse afectadas por estas medidas y aclaró que la ley no va dirigida contra los blog, en un intento por tranquilizar a la comunidad internauta.

"No lo vais a conseguir, este es un disparate legislativo que se os va a caer encima", dijo hoy el portavoz de Activistas.net., Daniel Vázquez, quien aseveró que "internet es una gran máquina de copia y quienes no se adapten se quedarán fuera del mercado".

Los fundadores de Red SOS-tenible advirtieron hoy de que la plataforma "se hará oír" durante la Presidencia española de la Unión Europea (UE), en este primer semestre de 2010.

"Nuestro objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales", reza el texto fundacional de la plataforma.

"No somos piratas y la piratería no tiene nada que ver con nosotros, defendemos las normas del juego, los derechos y las libertades civiles", sostuvo por su parte la coordinadora de "Mujeres en Red", Montserrat Boix.

Para otro de los integrantes de "Red SOS-tenible", el músico Eme Navarro, las medidas legales que pretende aprobar el Ejecutivo "están hechas a medida de una industria obsoleta, caduca y moribunda" y vulneran "la libertad de creación y difusión de las obras".

España está incluida dentro de la "lista negra" de la piratería en internet publicada anualmente por EE UU.

Los internautas se han acostumbrado a descargar gratuitamente discos y películas, lo que ha originado cientos de millones de dólares de pérdidas para la industria del ocio y el entretenimiento, según las asociaciones españolas de derechos de autor y la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA).

González-Sinde ha insistido en que las medidas antipiratería buscan acabar con esas web "que se dedican masiva y manifiestamente" a las descargas ilegales y no van dirigidas contra los usuarios, a quienes no se les cortará el acceso a internet.

"Hablamos de una página que se lucra y perjudica a alguien porque explota un producto para el que no tiene licencia ni contrato de ningún tipo y eso no tiene nada que ver con un blog que cita un fragmento o pone un vídeo-clip de una canción", aseguró la ministra.

Según las previsiones del Gobierno, la legislación podría entrar en funcionamiento a mediados de año una vez superado el trámite parlamentario.