Gas Natural pugna con Iberdrola por la titularidad de la nuclear de Trillo
La reforma de la ley nuclear obligará a las eléctricas a crear una sociedad tenedora de cada central (prácticamente todas están en régimen de copropiedad), que será la titular única de la planta. Esta medida, que obligaría a hacer intercambios o valoraciones de activos, ha provocado ya conflictos empresariales. Así, Gas Natural, con el 35% de Trillo, pugna con Iberdrola, con el 48%, por su titularidad.
Aunque por el momento sólo se trata de un anteproyecto que ni siquiera ha llegado al Congreso, la reforma de la ley de energía nuclear, que data de 1964, está causando ya algunos conflictos en el sector eléctrico. Una de las medidas que incluye el borrador es la obligación de que las centrales nucleares tengan un solo titular, por lo que las eléctricas deberán constituir previamente sociedades propias (Endesa Nuclear o Iberdrola Nuclear, por ejemplo) a las que deberán traspasar sus participaciones en las centrales.
Además, si prospera esta reforma, los copropietarios de cada planta deberán determinar cuál de ellos será el titular único (que tendría la licencia de operador responsable) o, de lo contrario, crear una sociedad conjunta, que desempeñaría esa función. Se trata de seguir el modelo de Nuclenor, sociedad que comparten al 50% Endesa e Iberdrola y que es dueña de la central de Santa María de Garoña. En el consejo de Nuclenor las grandes decisiones sobre la gestión, que no son frecuentes, se toman por unanimidad.
El Gobierno justifica la decisión en la necesidad de conceder (o renovar, en este caso) las licencias de explotación a un único socio. Dada la dispersión del capital de estas instalaciones, que comparten varias eléctricas desde el histórico intercambio de activos que se produjo en los años ochenta (ver gráfico), en estos momentos, las autorizaciones se otorgan a cada uno de los copropietarios.
En el caso de Garoña, cuyo cierre ha sido decretado por el Gobierno en 2013, la norma no plantea problemas. Tampoco para las centrales de Cofrentes y Ascó I, cuya propiedad es 100% de Iberdrola y Endesa, respectivamente. Sin embargo, la situación resulta distinta y complicada en el resto de las plantas, en las que todas comparten el accionariado, en algunos casos, con un peso más equilibrado.
Tal es el caso de la central de Trillo, en Guadalajara, en la que Gas Natural quiere hacer valer su participación del 35% (heredada de Unión Fenosa, con la que se fusionó el año pasado) frente a Iberdrola, que, con un 48%, es la que gestiona históricamente la central manchega. Fuentes del sector aseguran ue, aprovechando la reforma legal en marcha que les va a obligar a crear una sociedad tenedora del capital de esta planta, la gasística quiere convertirse en operador nuclear, lo que le otorgaría ventajas futuras ante posibles inversiones en programas nucleares en el exterior o en España.
Sin embargo, añaden las mismas fuentes, también tiene que ver con la valoración cruzada que Gas Natural hace de las participaciones minoritarias que tiene en otras instalaciones ató micas que, comparte, a su vez, con las dos grandes eléctricas.
Fuentes del sector critican la medida porque podría obligar a las empresas a realizar intercambios de activos para concentrar el poder o abandonar participaciones pequeñas que no le aportan nada. Tal es el caso de los paquetes que Nuclenor (2%) o Hidrocantábrico (15%) tienen también en Trillo, o las participaciones menores de Unión Fenosa (un 11%, respectivamente) en los dos grupos de Almaraz.
Más fácil lo tienen Iberdrola o Endesa pues el poder de la primera en las centrales cacereñas (un 53%, frente a al 36% de Endesa) compensa el que ésta tiene en las catalanas de Ascó II (85%, frente al 15% de la segunda) y Vandellós II (82% y 18%, respectivamente). Con todo, no se descartan tampoco problemas de valoraciones entre las dos grandes.
Difícil valoración
El gran problema de un intercambio de activos nucleares es que calcular el valor de estas instalaciones es muy complicado: se desconoce el tiempo de vida de cada una y no todas están en iguales
condiciones técnicas ni son susceptibles en igual medida de sufrir accidentes. Aunque el Gobierno establece en el citado anteproyecto de ley que la vida útil de las centrales nucleares será de 40 años, deja al mismo tiempo la puerta abierta a la prórroga.
Eso sí, siempre que el Gobierno autorice a la propietaria a pedírsela al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, después, el Ejecutivo, acepte el dictamen (en caso de ser favorable) de este organismo. El sector critica la discrecionalidad del Gobierno para permitir que las empresas pidan prórroga al CSN, y
la consideran una medida "inédita en derecho", según fuentes del mismo.
Una apuesta personal de Miguel Sebastián
La idea de transferir a sendas sociedades únicas los activos de cada central nuclear surgió a raíz de los serios incidentes ocurridos en las centrales de Vandellós y Ascóhace más de dos años y ha sido una apuesta personal del titular de Industria, MiguelSebastián. A raíz de aquellos hechos, en septiembre de 2008, se creó un grupo de trabajo integrado, entre otros, por representantes del ministerio y de lasempresas.El objetivo de la medida, que ahora se ha plasmado en la reforma de la ley deenergía nuclear, es conseguir una mayor transparencia contable de las centrales y reforzar su seguridad, en opinión de sus promotores, aunque las empresas noestán de acuerdo.Entre ellas se sospecha que es un intento del Gobierno de mantener segregadoslos activos (las eléctricas deben mantenerlos en sociedades independiente del resto de sus activos de generación) por si algún día "el Estado quiere disponer"de ellos.