Previsiblemente en febrero

La constructora Ploder Uicesa negocia un plan de pagos antes de declararse insolvente

La constructora Ploder Uicesa ha sido una de las últimas en acogerse a la nueva Ley Concursal para negociar un plan de pagos con sus acreedores antes de declararse insolvente de forma voluntaria, previsiblemente el próximo mes de febrero.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la constructora ha ofrecido pagar a sus acreedores el 60% de los importes que les adeuda en un plazo de tres años, con lo que deberían renunciar al 40% restante.

El plan de viabilidad de la empresa, que el pasado 23 de octubre informó al Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid del inicio de negociaciones con sus acreedores, también pasa por llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) para su plantilla, compuesta por cerca de 600 trabajadores.

La negociación del plan de pagos y de viabilidad -una fórmula por la que también optó Nozar- paraliza los concursos necesarios de acreedores que han presentado algunos de sus proveedores y que han recaído en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.

De acuerdo con el nuevo artículo 5.3 de la Ley Concursal, Ploder Uicesa tiene hasta finales de enero para llegar a un acuerdo con sus acreedores y hasta finales de febrero para presentar el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

Deuda de 81,5 millones

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2008, la constructora debía a la banca 81,5 millones de euros a largo plazo, procedentes sobre todo del préstamo sindicado obtenido para financiar parcialmente la adquisición de Uicesa en 2007.

A ello había que sumar otras deudas a corto plazo con las entidades financieras y 367,32 millones de euros en deudas a subcontratas y proveedores, así como otro tipo de acreedores.

La constructora facturó 504 millones de euros en 2008, un 27,7% menos que en el ejercicio anterior, gracias sobre todo a la obra civil (proyectos de obras y vías ferroviarias) y en menor medida a la construcción residencial tanto protegida como no protegida, que todavía representaba el 36,5% de su cifra de negocio.

La empresa tiene su sede en Madrid pero cuenta con presencia en Andalucía, Aragón, Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia y Levante.