La Audiencia Nacional decidirá el cierre de webs que violen la ley
El Consejo de Ministros ha propuesto un "sistema mixto" para los procesos de lucha contra las descargas ilegales. La decisión final sobre el cierre de una determinada web corresponderá a un juez de la Audiencia Nacional, si bien se creará una Comisión de Propiedad Intelectual que actuará como organismo tramitador.
El Gobierno quiso dar este viernes un paso más en el difícil tema de las descargas que vulneran derechos de autor en internet. Finalmente, el Consejo de Ministros, según explicó la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde, optó por un "sistema mixto" en el que la decisión final sobre el cierre de una determinada página web corresponderá a un juez.
La ministra indicó que cuando el titular de unos derechos de autor considere que su obra está siendo explotada y distribuida a través de una web sin licencia podrá presentar una denuncia ante la Comisión de Propiedad Intelectual, que se creará con ese objetivo. Este organismo, que dependerá del Ministerio de Cultura, analizará los casos para comprobar si existe una vulneración de esos derechos. Francisco Caamaño, ministro de Justicia, señaló que la Comisión tendrá que poner estas quejas en conocimiento del titular de la página web, "advirtiéndole de lo que ocurre". Si no hay rectificación, dijo, el caso se pondrá en conocimiento de un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Este último tendrá un plazo de cuatro días para tomar una decisión y autorizar o no el bloqueo de esos contenidos. La ministra justificó este periodo de tiempo en que en estos procesos la celeridad es importante por el perjuicio que pueden llegar a causar.
Caamaño, precisó que para atribuir esta herramientas al juez "hay que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial", e indicó que el Consejo de Ministros ha aprobado un "proyecto complementario" a la Ley de Economía Sostenible "para atribuir esa competencia de control previo, de autorización previa, a los jueces de manera clara e inequívoca". Con respecto a los miembros de la citada comisión, González-Sinde aseguró que serán independientes y "reflejará necesariamente la pluralidad de intereses" que hay en estos ámbitos. En este sentido, afirmó que estará compuesta de expertos en derechos, en internet y en otras materias.
La ministra recordó que el nuevo procedimiento no va a eliminar las alternativas que tienen los titulares de derechos de acudir a otros tribunales, "puesto que las otras vías ordinarias siguen su curso". La ministra indicó que ésta es "una propuesta equilibrada" desarrollada en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, e insistió en que busca armonizar los derechos "de los ciudadanos como usuarios de la Red y de quienes viven de la cultura".
También insistió en que la libertad de expresión en internet está garantizada y recordó que se está luchando sólo contra los que perjudican a las obras de otros y se enriquecen ilegalmente a su costa. González-Sinde precisó que "estamos hablando a lo sumo de un centenar de páginas y no creo que ningún internauta esté en el caso de quienes se lucran con la explotación de obras ajenas".
La propuesta deberá pasar por varios órganos consultivos del Estado antes de su remisión a las Cortes, que podría ser en el mes de febrero.
Los afectados toman posiciones tras el anuncio
Tras el anuncio, la Coalición de los Creadores consideró que se ha dado "un paso muy positivo. A su vez, Fapae mostró su conformidad con la propuesta y afirmó que con esta medida, España se equipara al resto de países del mundo (con excepción de China) al impulsar un mercado legal y "evitando que las empresas organizadas que trafican de forma ilegal con obras ajenas queden impunes".Por el contrario, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, afirmó que las medidas antipiratería propuestas por el Gobierno son "un atajo para sortear un asunto al que la Justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería".
