Los bancos deberán informar de los cobros con tarjeta de los empresarios
El Gobierno aprobó el viernes un real decreto por el que se obligará a las entidades financieras a informar anualmente a Hacienda de todos los cobros con tarjeta superiores a 3.000 euros anuales realizados por empresarios o profesionales. Además, los notarios deberán hacer constar la forma de pago de los inmuebles.
La lucha contra el fraude se intensifica con nuevas obligaciones informativas para las entidades financieras y los notarios. El Consejo de Ministros celebrado el viernes aprobó un real decreto plagado de lo que la vicepresidenta primera calificó de "cambios de carácter técnico" en materia tributaria. El principal de ellos, destinado a la lucha contra la evasión fiscal, tiene relación con los pagos a empresarios o profesionales. La Agencia Tributaria realizará un seguimiento "más cercano" de las disposiciones, pagos y cobros que se realicen en metálico a través de entidades bancarias o de crédito cuando superen los 3.000 euros. Esa cercanía se especifica para el caso de los cobros que realicen con tarjeta de crédito o débito cuando su cuantía anual supere los 3.000 euros, de los que las entidades financieras tendrán que informar anualmente a Hacienda. El Ministerio de Economía corrigió en la tarde del viernes una nota en la que se limitaba la obligación de informar a las operaciones únicas que superasen esa cantidad. Fuentes de Economía aseguraron después que el umbral de 3.000 euros se utilizará en cómputo anual.
En materia de lucha contra el fraude, el real decreto instaura también la obligación de que los notarios identifiquen la forma de pago empleada en las operaciones sobre inmuebles, ya sea en metálico, transferencia, domiciliación, cheque u otros instrumentos de giro.
Entre las novedades tributarias aprobadas por el Consejo de Ministros aparece también un impulso del Documento Electrónico æscaron;nico, instaurado en 2003 para facilitar la constitución telemática de sociedades limitadas. En adelante, también será válido para realizar las declaraciones censales de alta de una actividad económica, con lo que se suprime la obligación de presentar la declaración en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Además, se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas, para facilitar las notificaciones por parte de la Agencia Tributaria.
Acceso electrónico a servicios públicos
La vicepresidenta presentó al Consejo de Ministros un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, aprobada hace dos años. Según explicó De la Vega, a día de hoy se puede acceder al 96,4% de los trámites de la Administración central por medios electrónicos. Esos servicios incluyen la vida laboral, la declaración de la renta, la prestación por hijo o los puntos del carné de conducir.
Economía sostenible
El Consejo de Ministros remitió el viernes el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible al Consejo Económico y Social, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de la Competencia y otros organismos consultivos. El texto incluye algunas modificaciones respecto al estudiado en diciembre; entre ellas, la intervención judicial para cerrar páginas Web.
Un registro civil único pone fin a un sistema decimonónico
El ministro que compareció junto a De la Vega en rueda de prensa fue el titular de Justicia, Francisco Caamaño. El motivo, la reforma del Registro Civil, cuya ley data de 1957. Según recordó el ministro, el sistema vigente parte del modelo decimonónico, que asociaba los registros a las demarcaciones judiciales existentes a lo largo y ancho del país. De este modo, una persona puede tener su certificado de nacimiento en una ciudad, el de matrimonio, en otra, y el de nacimiento de hijo, en una tercera. Caamaño afirmó que la reforma supone un cambio radical de sistema, que pasa a ser personal en lugar de objetivo. Así, la nueva ley instaurará un registro centralizado bajo control administrativo de funcionarios del Ministerio de Justicia, frente a la anterior autoridad de los jueces.La reforma parte de la digitalización "casi completada" de los registros civiles del último medio siglo, y supondrá, entre otros cambios, la extinción del libro de familia. En adelante, se expedirán códigos de ciudadanía que incluyan toda la información respecto al estado civil, y se expedirán certificados del mismo por internet o ante petición presencial del interesado.
Se crea un tribunal centralizado para los recursos contractuales
El Ejecutivo aprobó también el viernes la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano ad hoc para los recursos que interpongan los particulares contra actos de las entidades públicas en los procesos de adjudicación de contratos. El nuevo tribunal se encargará de resolver los recursos contra decisiones de las entidades que adjudiquen contratos públicos, pero también adoptará medidas provisionales necesarias durante el periodo de resolución de dichos recursos.Así, se prevé la suspensión de la adjudicación del contrato cuando medie recurso por alguna de las partes perjudicadas. Además, cuando el órgano de contratación infrinja las normas de publicidad de la licitación, o no suspenda la adjudicación en caso de recurso, se declarará la ineficacia del contrato o la imposición de sanciones a los poderes adjudicadores. La vicepresidenta De la Vega explicó que el objetivo del nuevo tribunal es reforzar la garantía de igualdad, transparencia y no discriminación en la selección de contratistas. El anteproyecto supondrá la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, para adaptarla a la directiva europea.