Islandia, tiempo para la indulgencia
El presidente de Islandia se ha negado a firmar una ley impopular para pagar a Gran Bretaña y Holanda y compensar a los dueños de depósitos en Icesave, una filial del quebrado prestamista Landsbankinn. La ley será sometida a votación nacional. Pero es poco probable que se apruebe. El presidente Olaffur Grimsson ha pedido a 60.000 de sus compatriotas, casi la quinta parte de la población, que bloqueen la ley.
Su ira es comprensible. En virtud de un acuerdo alcanzado el año pasado, los contribuyentes de Islandia deben pagar a Reino Unido 2.300 millones de libras y a Holanda 1.300 millones de euros, una suma que supone alrededor del 40% del PIB de Islandia en 2009, 11.000 euros por cada ciudadano.
Pero un voto negativo podría empeorar las cosas. Reino Unido y Holanda podrían presionar al FMI y a los países nórdicos para retrasar la liberación de fondos del paquete de rescate por importe de 5.000 millones de dólares acordado en octubre. A más largo plazo, también podría obstaculizar las ambiciones de Islandia para ingresar en la Unión Europea. Ambas medidas pondrían en peligro la frágil recuperación económica del país.
Tal castigo sería, sin embargo, contraproducente. El Gobierno de Islandia tiene la intención de pagar. Un voto negativo significaría que las duras peticiones de los países acreedores no se pondrían en práctica. Pero Reikiavik está obligado a hacer los pagos, a partir de 2019, basándose en el crecimiento de su PIB en relación a los niveles de 2008, por mandato del Parlamento.
Si Islandia tiene alguna esperanza de pagar sus deudas, debe continuar en la senda de la recuperación económica. El rescate del FMI es crucial para la recuperación, aumentando las reservas de divisas y facilitando la liquidez del servicio de la deuda internacional. Mientras tanto, la perspectiva de adhesión a la UE reducirá los costes de financiación del Gobierno.
Gran Bretaña y Holanda han negociado duro con Reikiavik. Se negaron a ceder en la cantidad e insistieron en que sus peticiones deben tener prioridad sobre otros acreedores. Los dos países argumentan que por su propio interés económico, los islandeses deberían votar a favor. Pero el aislamiento de Islandia de los mercados de capital internacionales sólo servirá para demorar los pagos. Quizá sea el momento para que Gran Bretaña y Holanda den marcha atrás.
Nicholas Paisner