Caja Duero y Caja España disputan el liderazgo de la nueva entidad

Los consejos de Caja Duero y Caja España aprobaron ayer el preacuerdo para su fusión. Aunque el lunes ambas entidades llegaron a un acuerdo para el reparto de sedes y servicios centrales, ayer los directivos de una y otra reclamaron para sus respectivas cajas y ciudades el liderazgo del grupo resultante.

Las dos grandes cajas de Castilla y León pusieron ayer la primera piedra para su integración. A media mañana, el consejo de Caja España aprobó por unanimidad la propuesta de integración con su rival salmantina, Caja Duero. Esta segunda, no tuvo el visto bueno del consejo hasta las dos de la tarde, ya que hubo un largo debate y tres de los 17 consejeros votaron en contra.

Los votos negativos provinieron de los representantes de UGT, quienes condicionan su apoyo a la integración a la aprobación del pacto laboral. La disputa en el consejo provino del intento de los representantes de los trabajadores en lograr una referencia expresa este pacto.

Sobre el papel, ambas entidades tienen plena sintonía en el reparto de sedes, áreas de negocio y órganos de gobierno. De hecho, el acuerdo alcanzado el lunes fija los detalles de la distribución de poder y competencias en la entidad resultante. Sin embargo, las declaraciones realizadas ayer por los directivos de cada caja revelan una lucha intensa por el liderazgo de la nueva firma.

León tendrá presidencia y sede social, y Salamanca el comité de dirección y la obra social

Así, en la rueda de prensa ofrecida en León por el presidente de Caja España, Santos Llamas, se puso el énfasis en que el nuevo grupo se denominará "Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad", y en que esa ciudad, León, tendrá la sede social y la presidencia de la resultante.

Mientras tanto, en Salamanca, el director general de Caja Duero, Lucas Hernández, destacaba que han logrado "conseguir los objetivos" que se marcaron. Esto es: albergar la sede ejecutiva y operativa de la caja resultante, con el comité de dirección y la gestión del negocio. En cuanto a la presidencia, se recordó que esta no es ejecutiva. "El futuro de las finanzas de Castilla y León lo va a escribir Salamanca", aseguró el directivo.

En el reparto de los órganos de gobierno también las valoraciones fueron muy dispares. Desde Caja España se asegura que estos se ubicarán en León, pero el pacto alcanzado es más enrevesado. La asamblea general será itinerante, reuniéndose de forma alternativa en León y Salamanca. Mientras tanto, el consejo de administración tendrá repartidas sus funciones. Su reunión mensual tendrá lugar en León, aunque no siempre, así como algunas de sus comisiones delegadas (de control, de retribuciones y de auditoría), pero la ciudad de Unamuno albergará las reuniones semanales de la comisión ejecutiva, así como las comisiones delegadas de inversiones y obra social.

Polémica con la obra social

La obra social también ha sido motivo de disputas, pactos con filigranas e interpretaciones divergentes. Caja Duero, en un comunicado, asegura que la sede y la dirección de este área "se establecerá en Salamanca", aunque habrá una gestión descentralizada de su presupuesto. Desde Caja España se pone el énfasis únicamente en que el presupuesto se repartirá al 50%, "con independencia de la sede".

La combinación de ambas cajas dará lugar a un grupo con cerca de 50.000 millones de activos y depósitos por 32.000 millones de euros, lo que le situará en el séptimo y quinto lugar entre las cajas españolas. Además contará con unos 6.000 empleados y 1.117 oficinas.

Respecto al resto de áreas de negocio, no ha habido sorpresas. León se quedará con los departamentos de riesgos, logística, relaciones con el Banco de España y desarrollo organizativo. Salamanca tendrá las divisiones de negocio, planificación, empresas participadas, comunicación y relaciones institucionales e informática. Con este último departamento, Caja España destacó que aún no se ha decidido la plataforma tecnológica y que se segregará en dos divisiones.

En 20 días solicitarán 562 millones de ayudas

El presidente de Caja España, Santos Llamas, explicó ayer que ambas cajas solicitarán al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 562 millones de euros para afrontar los costes de la fusión. De acuerdo con los planes trazados por la consultora KPMG, la plantilla del grupo resultante deberá menguar en 846 trabajadores (300 de Caja Duero y el resto de España). No obstante, el director general de la primera, Lucas Hernández, se comprometió ayer a que el proceso no comporte despidos, ni expedientes de regulación de empleo, ni traslados forzosos de trabajadores.Para febrero, se espera que los consejos de ambas entidades aprueben de forma definitiva la fusión, con el pacto laboral incluido. En marzo o abril, las asambleas de las dos cajas ratificarán el proceso de integración.Una vez aprobada, se abrirá un periodo transitorio de dos años en que se unirán los dos consejos de administración (que alcanzará los 34 miembros). La asamblea de la caja resultante tendrá 320 miembros, por lo que Caja Duero deberá elegir a 40 consejeros generales adicionales para alcanzar la cifra de 160 integrantes.En cuanto a las marcas, durante esta fase se mantendrán las dos denominaciones, y se contratará a una empresa para decidir cuál será la marca del nuevo grupo.Llamas recordó que ambas cajas son "pioneras", pues están afrontando la primera fusión de dos entidades de tamaño medio, y destacó que en este proceso no hay "ni vencedores ni vencidos".Mientras tanto, Lucas Hernández llamó a la cautela, y recordó que todo lo avanzado "quedará en agua de borrajas" si en las próximas semanas no se aprueba el acuerdo laboral.

La cifra

31.831 millones de euros en depósitos de clientes tendrá el grupo resultante de la fusión de las dos cajas.